La UDEF confirma que la variante de Guardo estaba amañada

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han ratificado el informe sobre la adjudicación de la dirección facultativa de las obras de la Variante de Guardo en el que confirman la existencia de prueba indiciaria de que los funcionarios de la Dirección General de Carreteras de la Junta Belén G.G. y Jesús M.A se concertaron con responsables de la UTE Eipsa-Civil 4 para amañar el proceso de adjudicación.

Ambos funcionarios policiales, durante la larga testifical prestada por videoconferencia desde Madrid, en la segunda jornada del juicio por estos hechos que se sigue en el Juzgado de lo Penal 2 de Valladolid, han coincidido en que los procesados, con mención expresa de Belén, y los empresarios Diego B.D y José Antonio Ll, mantuvieron un trasiego de llamadas telefónicas, correos y conversaciones previas, durante y a posteriori del procedimiento.

Todo ello, a su juicio, evidenciaría que los dos empresarios manejaron información privilegiada y que los pliegos técnico y administrativo contenían cláusulas 'ad hoc' de carácter excluyente para otros posibles licitadores.

La inclusión de una experiencia profesional de 25 años para el ingeniero principal, cuando en el proyecto de la carretera de Ramacastañas (Ávila), por ejemplo, se requerían 10; la ponderación de otros trabajos para la Junta en los tres últimos años, y, sobre todo, el correo que la funcionaria Belén G.G. recibió el 14 de diciembre de 2010 del responsable de Civil 4, Diego B.D, constituirían pruebas evidentes de las negociaciones prohibidas entre los procesados.

El referido correo, el agente de la UDEF, en declaraciones recogidas por Europa Press, subraya que contenía un estadillo en excel en el que el administrador de Civil 4 cuantificaba el importe del presupuesto del contrato, cifrado en 432.960 euros, e imputaba costes de personal y materiales de la UTE que la funcionaria de la Junta incluyó ese mismo día en el pliego de prescripciones técnicas, "con mínimas variaciones".

Las investigaciones de la UDEF incluyeron el control de las llamadas telefónicas entre los investigados durante la tramitación del concurso público y en fechas previas y posteriores, así como el análisis de los correos electrónicos y el volcado de todos los archivos obtenidos en los despachos de los funcionarios y las empresas Eipsa y Civil 4.

"Se ve que había una relación muy directa entre Belén y Diego porque muchas de las llamadas se produjeron fuera del horario de trabajo, algunas a altas horas de la noche y durante mucho tiempo", ha advertido el testigo policial.

"El contenido de las conversaciones no tenía otro objeto que el contrato de la dirección facultativa de la Variante de Guardo", ha mantenido el redactor de los informes de esta unidad policial, quien entre los indicios de tráfico de influencias ha incluido los regalos en forma de jamones y vino que la funcionaria de la Junta Belén G.G. recibió poco después de la adjudicación y al año siguiente.

A vueltas con el jamón

A este respecto, el letrado de la funcionaria ha sido advertido por la propia juez de la improcedencia de su proceder cuando ha interpelado al policía en los siguientes términos: "¿Usted, con su experiencia policial en la UDEF cree que un jamón de 80 euros justificaría este amaño?", cuestión a la que no ha llegado a responder el interpelado, aunque éste ha recordado que hay otras muchas formas de ser gratificado pero también ha reconocido que la inspección patrimonial realizada a los investigados no ha probado este extremo.

Durante el largo interrogatorio, el redactor de los informes de la UDEF ha indicado que la investigación se inició a raíz de un anónimo recibido en enero de 2011 en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el marco de la derivación castellanoleonesa de la 'Gürtel' que dicho tribunal acabó sobreseyendo.

Sin embargo, el comunicante anónimo activó el mecanismo de la UDEF al recoger una serie de datos con cierta verosimilitud en los que se denunciaba el amaño de la adjudicación de la dirección facultativa de la variante de Guardo y se anticipaba ya el resultado del concurso público, haciendo constar las iniciales de los cuatro presuntos implicados y varias reuniones que, presuntamente, habrían mantenido en diciembre de 2010 durante la tramitación administrativa.

El juicio prosigue el próximo día 18 de junio. En su escrito de calificación provisional, el fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de revelación de informaciones reservadas, otro de aprovechamiento de información privilegiada y un delito de fraude a un ente público y responsabiliza a los funcionarios de la Consejería de Fomento del primer y tercer delitos y a los administradores de la UTE del segundo y del tercero.

Así, solicita para Belén G.G. y Jesús M.A. un año y ocho meses de prisión, multa de 6.750 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por espacio de diez años, mientras que los representantes de la UTE se exponen también a idéntica pena privativa de libertad, inhabilitación para acceder a subvenciones o exenciones fiscales por tres años y al pago de multas por importe de 1.022.000 euros.