Fiscalía de Valladolid ha mantenido su petición de cárcel e inhabilitación para un perito, experto en Psicología, al considerar acreditado que en junio de 2016 realizó un informe pericial "negligente y mendaz" sobre un acusado de tráfico de drogas de quien, "sin practicar las pruebas necesarias", llegó a afirmar que su larga politoxicomanía había provocado en él un deterioro severo de sus capacidades cognitiva y volitiva.
El informe del encausado, Julio A.H, fue presentado entonces por la defensa, sin éxito, para obtener una sustancial rebaja en la condena de su cliente, Roberto S.Ch, alias 'Java', uno de los treinta y dos 'narcos' detenidos en la 'Operación Yogur' que finalmente fue condenado a once años de cárcel.
La pericia de este psicólogo "fue realizada de forma negligente y mendaz", ha insistido la fiscal del caso, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, se ha mostrado firme al asegurar que el encausado de ningún modo pudo llegar a las conclusiones obtenidas, en cuanto a que el 'narco' tenía disminuidas de forma severa sus capacidades volitiva y cognitiva, fruto de una politoxicomanía prolongada a lo largo de quince años, "debido a que tenía que haber practicado más pruebas de las realizadas".
Y es que la acusación pública entiende que un análisis de la historia clínica del traficante y la realización de un test de personalidad no son concluyentes para emitir un veredicto de este tipo. Dicho informe concluyó que el "discurso fluido pero desorganizado del traficante mostraba un deterioro orgánico grave localizado en los lóbulos frontales, con lo que carece de resortes volitivos y cognitivos mínimos para controlar sus impulsos internos".
Sin embargo, la fiscal no sólo considera imposible llegar a esa conclusión, sin la práctica de otra serie de pruebas complementarias y de un seguimiento de la evolución del paciente, sino que tilda de "dramático" que el acusado aluda a una "consideración meramente semántica" cuando utiliza el término 'severo' a la hora de enjuiciar la afectación de la capacidad del paciente, "cuando ello implica una graduación y, por consiguiente, una disminución importante de la pena aparejada por el delito cometido".
La acusadora pública, que ha mantenido su petición un año y medio de prisión por delito de pericia falsa y la inhabilitación por espacio de diez años para el ejercicio de la profesión de médico forense y perito, junto con el pago de una multa de 4.500 euros, ha fundamentado su postura en el informe emitido por dos médicos forenses que ha echado por tierra el elaborado por su colega encausado.
De hecho, ambos profesionales entienden que el test de personalidad realizado al traficante tan solo sirve para determinar rasgos de personalidad, sin posibilidad de objetivar un daño orgánico neuronal que sí podrían determinar otro tipo de prueba. "A nuestro modo de ver no se puede llegar a afirmaciones como las que hizo con una simple entrevista", han indicado.
"No se me pasa por la cabeza exagerar o engañar"
En el lado opuesto, el acusado ha defendido que emitió informe según su leal saber y entender y sin que en modo alguno tratara de beneficiar al traficante e inducir a error al tribunal sentenciador. "No se me pasa por la cabeza exagerar o engañar. Llevo ejerciendo desde hace cuarenta años sin ningún problema", ha alegado Julio A.H, quien ha explicado a la Sala que para su informe manejó el historial clínico del paciente, se entrevistó con él en la cárcel y le sometió a un test compuesto por 340 preguntas.
Fruto de ese encuentro, como así ha apuntado, comprobó que estaba ante un adicto a todo tipo de drogas con una historia de más de catorce años y que al someterle al test comprobó su discurso desorganizado, demostrativo del grave deterioro neuronal que presentaba y que afectaba de un modo severo a sus facultades de voluntad y conocimiento. "Presentaba un daño químico grave de sus neuronas, pero nunca dije que ello anulaba por completo su voluntad sino que lo disminuía", ha precisado el perito.
Dos peritos presentados por su defensa, que solicita un fallo absolutorio, han avalado las conclusiones obtenidas por procesado y han llegado a indicar que la práctica de pruebas complementarias no habría supuesto otra cosa que "floritura pericial", en referencia a que no habrían alterado el contenido del mismo.
"Otros peritos avalan la corrección"
Los dos peritos consideran que el informe evacuado fue "correcto, sensato, plausible" y sin que el mismo contuviera una "aberración o disminución de la Lex Artis". De hecho, apuntan que pocos informes sobre toxicómanos se efectúan de forma tan exahustiva y sostienen que el test de personalidad practicado "va todavía más allá" de lo que normalmente se realiza.
Sí echan en falta que el acusado no hiciera especial hincapié en el trastorno postraumático y el trastorno límite de la personalidad o la condición de 'borderline' del 'narco', algo que sí entienden que hubiera servido para dar todavía más base a su conclusión sobre la disminución severa de las capacidades del paciente.