Anulado el acto que investiga una trama de corrupción entre empresarios y un guardia civil

La Audiencia de Valladolid ha decretado la nulidad del auto del Juzgado de Instrucción número 1, encargado de la supuesta trama de favores entre un guardia civil y una decena de empresarios, por el que se acordaba la continuación de las diligencias y su transformación en procedimiento abreviado, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La resolución de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid estima así el recurso del Ministerio Fiscal y, al igual de lo que ya ocurriera con el primer auto del juez de 11 de enero, el tribunal decreta la nulidad del segundo, de 7 de junio, al no recoger el último una determinación de los hechos precisa, y la posibilidad efectiva, para cada investigado, de conocer cuáles de los hechos integran su incriminación.

En este sentido, el propio tribunal, que pide al instructor un tercer auto en debida forma, apunta "lo adecuado es que, o bien se describen de forma concreta los actos que puedan integrar la conspiración o proposición para cometer delitos, art. 17 del Código Penal, o si no puede efectuarse ese relato de hechos concretos referidos a cada investigado, debería sobreseerse la causa respecto a aquellos a los que no puede efectuarse imputación concreta, y esta determinación ha de hacerse por el instructor, no por las acusaciones".

En su segundo auto nuevamente anulado, el juez José María Crespo abrió procedimiento contra el agente J.C, así como contra a C.E.R, E.O.C, J.G.C, D.E.A, D.C.F, J.R.R, J.A.O.C, F.G.J, M.A.E.M. y J.A.T.G, a los que se imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad, revelación de secretos y prevaricación administrativa.

 'Operación Rosado'

Las diligencias se originaron en 2018 a raíz de unas intervenciones telefónicas autorizadas en otra investigación, la 'Operación Rosado' contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en Valladolid, Zamora y Cuéllar (Segovia), que se saldó con la detención de casi medio centenar de personas, entre las que figuran el guardia civil y algunos de los investigados en el procedimiento por las supuestas prebendas entregadas al mismo.

Las conversaciones intervenidas durante 2017 y 2018 en el marco de la 'Operación Rosado', coordinada por Instrucción 1, permitieron descubrir otras actividades supuestamente delictivas del agente de la Benemérita y de otros arrestados, actividades que se han investigado en un procedimiento judicial distinto.

Según recogía el auto ahora nulo, el agente del Instituto Armado influía o decía influir a cambio de dinero y regalos en diversas administraciones, autoridades y funcionarios para obtener beneficios para quienes acudían a él, realizando gestiones "incompatibles con su condición" de agente de la autoridad.

Las grabaciones, señalaba el juez, reflejan "la potestad de la que hacía gala el agente frente a terceros de intervenir en distintos expedientes sancionadores y en gestiones varias incompatibles con su condición, sin perjuicio de que realmente pudiera tener dicha capacidad" y de que realmente realizara las gestiones que aseguraba haber realizado y por las que habría percibido una compensación.

El magistrado instructor mantenía que existen indicios de que el guardia civil, valiéndose de su condición de servidor público, accedía a bases de datos de carácter reservado y facilitaba dicha información a terceros; consultaba antecedentes penales de personas sobre las que no estaba realizando ninguna investigación como agente de la autoridad y "vendía" esos datos a otros, llegando, en algún caso, a asegurar que había favorecido a una persona en un juicio pagando a un funcionario para eliminar tales antecedentes en la hoja histórico penal.

Además, de la investigación realizada hasta ahora, se desprenden indicios de que el agente alteraba expedientes sancionadores por infracciones de tráfico a quienes recurrían a él tras haber sido multados por circular con exceso de velocidad. Para ello, facilitaba identidades de conductores que no se correspondían con los infractores--en un caso se colocó a un fallecido--y tramitaba desde su propio puesto de trabajo los pliegos de descargo.

Igualmente, se sospechaba que podría haber intervenido para beneficiar a un constructor con la adjudicación de un contrato para la realización de unas obras en la Comandancia de la Guardia Civil de León.

Este mismo juzgado, en otro auto de fecha 8 de septiembre, ya exoneró al guardia civil y a otros 21 investigados--de un total de 44--de la 'Operación Rosado' desplegada contra el tráfico de drogas al no ver indicios de participación de los mismos en dicha actividad ilícita.