Esta será una de las mociones que presentará el Grupo Municipal Popular en la sesión plenaria correspondiente al mes de marzo, en la que, además, propondrá al equipo de Gobierno la renovación de los planes en materia de igualdad y contra la violencia de género.

En la moción, los 'populares' solicitarán a Óscar Puente que pida al Gobierno de España que haga efectivo el ingreso del IVA correspondiente al mes de noviembre de 2017 de forma urgente, que ha estimado en unos 700.000 euros.

La presidenta del Grupo ha afeado al alcalde que "no sea tan reivindicativo con el Gobierno de Sánchez como lo es con la Junta de Castilla y León" en el caso del acuerdo marco de Servicios Sociales, sobre el cual el regidor socialista ha advertido de que se plantean acudir a los tribunales para reclamar a la Administración regional la cantidad que consideran que debería aportar por Ley.

Del Olmo ha explicado que, durante 2019, "el Gobierno de España ha venido demorando injustificadamente el cumplimiento de la obligación de abonar a las entidades locales los recursos previstos en la legislación vigente, comprometiendo la capacidad de los municipios para garantizar los servicios que está obligado a prestar a los ciudadanos".

Esas cantidades proceden de las cantidades liquidadas del IVA de diciembre de 2017, que se han efectuado a finales de 2019 pero que según la ministra de Hacienda, relata Del Olmo, asegura que es imposible abonar esas cantidades por no contar con Presupuestos Generales del Estado del pasado ejercicio.

"Los contribuyentes pagaron en 2017 los doce meses de IVA, mientras que el Gobierno de España sólo ha pagado al Ayuntamiento once de esos doce meses, es decir, a los vallisoletanos no se les perdonó ningún mes de IVA, por lo que el alcalde, su representante, debe solicitar que vuelva a las arcas municipales lo que corresponde", ha afirmado Pilar del Olmo.

La concejal ha recordado que Óscar Puente declaró que la cantidad que el Gobierno central adeuda a los vallisoletanos "oscila entre los 500.000 y los 2 millones de euros, una horquilla excesivamente amplia", por lo que también le pide que sea más riguroso en las explicaciones que da a los vecinos.

Así, ha especulado conque si la deuda del Gobierno con Valladolid fuera cercana a ese máximo de dos millones de euros, Del Olmo ha informado de que, por ejemplo, "el Ayuntamiento podría ahorrarse el catastrazo que va a hacer pagar a todos los vallisoletanos".

Si la cantidad adeudada estuviera más cerca de los 500.000 euros, "el consistorio tendría para pagar la limpieza de la ciudad durante 15 días o podría destinarlo a la conservación de los colegios durante un mes".

En ambos casos, recalca la edil 'popular', "lo que está en juego son los intereses de los vallisoletanos y debe defenderlos a todos los niveles".

No obstante, la concejal ha estimado si la liquidación del IVA del ejercicio 2017 entre el Ayuntamiento y el Gobierno fue negativa para las arcas municipales por 136.000 euros y la de 2016 dio un resultado favorable de 556.000, la cifra de 2017 podría ser cercana a la diferencia entre ambos registros: unos 700.000 euros.

Planes de igualdad y contra la violencia de género

Pilar del Olmo también ha anunciado que los populares defenderán el próximo martes, una moción para pedir al Ayuntamiento de Valladolid que elabore y apruebe el VI Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, el Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de la administración municipal y el III Plan Municipal contra la Violencia de Género, todos ellos antes de verano.

Los 'populares' argumentan que tanto el V plan municipal de Igualdad de Oportunidades como el II Plan Contra la Violencia de Género concluyeron su horizonte temporal en 2018 pero "lamentablemente, el compromiso del equipo de gobierno en el Ayuntamiento no parece que se prolongue mucho más en el tiempo".

Ambos planes, ha recordado Del Olmo, fueron aprobados por el anterior equipo de Gobierno, del Partido Popular, y los gobernantes actuales "se han dedicado a ejecutarlo, con mayor o menor acierto".

Sin embargo, ha reprochado que "a la hora de ponerse a redactar uno nuevo encuentran especiales dificultades, ya que llevan dos años con los planes vencidos".

Por este motivo, en el próximo pleno quieren recabar el compromiso del equipo de Gobierno y del resto de grupos de este Ayuntamiento para que en un plazo "razonable", antes de verano, el Ayuntamiento de Valladolid elabore y apruebe dichos planes".

Además, el Grupo Municipal Popular también buscará arrancar el compromiso del equipo de Gobierno para elaborar y aprobar el Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de la administración municipal, "un plan que se debe realizar por primera vez y que viene obligado por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva.

Por otra parte, en las preguntas de actualidad que formularán al equipo de Gobierno, el PP se referirá a la señalada reivindicación de Puente sobre la financiación de los servicios sociales, en la cual, según Pilar del Olmo, el alcalde no aporta datos correctos.

Así, ha explicado que el Ayuntamiento de Valladolid "ha dejado sin ejecutar el 12 por ciento del presupuesto aprobado para servicios sociales en 2019", un total de 3,5 millones de euros que, "no han sabido o querido gastar".

Además, Pilar del Olmo ha tomado como referencia la cantidad ejecutada, 25,3 millones de euros, para señalar que si la Junta ha aportado 12,9 millones de euros, el porcentaje que supone esa cantidad no es inferior al 50 por ciento, como defiende el alcalde, sino que es del 51 por ciento.

En esa relación, el Ayuntamiento habría aportado en 2019 un total de 10,1 millones de euros al acuerdo marco, lo que supone el 40 por ciento, mientras que los usuarios contribuyen con 2,3 millones (9 por ciento).

Por otro lado ha considerado que también es "falso" que, como señala Óscar Puente, la Junta de Castilla y León deba financiar el 90 por ciento de la ayuda a domicilio. Del Olmo indica que el acuerdo marco establece que la aportación de la entidad local será como mínimo del 10 por ciento del total, "lo que no significa que la Administración regional tenga que aportar el 90 por ciento restante".