El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León celebrará este mes de marzo hasta un total de cuatro juicios con motivo de las reclamaciones presentadas por otros tantos pacientes que quedaron tuertos tras someterse a operaciones por desprendimiento de retina en las que fueron tratados con el Ala Octa, un perfluoroctano que se hallaba intoxicado.
Las vistas, al igual que la celebrada el 14 de noviembre de 2019 en las que se vieron las reclamaciones de otros dos afectados, pendientes aún de sentencia, se celebrarán en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL, con sede en Valladolid, donde el importe global de las cantidades solicitadas por los actores se eleva a unos 400.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Se trata de cuatro casos reconocidos por la Agencia Española del Medicamento como afectados por haber sido tratados con un producto tóxico que se corresponde con los lotes que en su día el Instituto de Otalmobiología Aplicada (IOBA) acreditó como los causantes de la necrosis, inmediata, que los pacientes sufrieron en el nervio óptico del ojo operado.
La lista de juicios la iniciará el día 10 de marzo Jesús del A, de 46 años cuando fue intervenido, y al mismo seguirá el 17 de marzo el promovido por Carlos C, de 42. El TSJCyL verá también los días 24 y 31 de marzo las reclamaciones respectivas de Luis M. y Covadonga G, el primero de 55 años y la segunda de 61. Los tres primeros fueron intervenidos en el Hospital Río Hortega de Valladolid y la última en el Río Carrión de Palencia.
Los cuatro, al igual que Amaya G.S. y Rafael M, dos vallisoletanos que esperan sentencia desde noviembre del pasado año, reclaman las pertinentes indemnizaciones como consecuencia de la pérdida de visión de su ojo intervenido al vincular dicho resultado con los efectos adversos provocados por un perfluoroctano tóxico. Los reclamantes se encuentran representados por el despacho Gómez Menchaca Abogados, con sede en Bilbao.
De hecho, ya en el primer juicio celebrado el pasado año donde se vio la reclamación de ambos afectados, el jefe del Servicio de Oftamología del Río Hortega, Javier M, consideró "razonable" establecer un nexo de causalidad entre la pérdida de visión sufrida por ambos--reclaman indemnizaciones superiores a los 200.000 euros--y el posible uso del Ala Octa utilizado en el Río Hortega en ese periodo, hasta que la Agencia del Medicamento ordenara su retirada ante alerta sanitaria activada por la toxicidad descubierta en algunos lotes.
Nexo de causalidad
El experto oftalmólogo explicó entonces que él no operó a los reclamantes pero sí reconoció que en aquella época, por espacio de dieciocho meses, el Río Hortega compaginó el uso del Ala Octa, producido por una empresa alemana que ya no existe, con otros dos más.
Aunque la Agencia Española del Medicamento no incluyó estos dos casos entre otros registrados en toda España en los que los pacientes fueron tratados con Ala Octa con una toxicidad del 100%, que sufrieron la necrosis de su retina en el mismo instante de la operación, el jefe del Servicio de Oftalmología del Río Hortega no descartó que Amaya y Rafael fueran también víctimas del producto.
"No son casos idénticos a los descritos por la agencia, ya que no se produjo necrosis de la retina, pero es razonable que pudieran estar también vinculados por el uso del Ala Octa, pues en el caso de Valladolid se identificaron cuatro lotes (080714, 180214, 110213 y 170713) que presentaban una toxicidad de entre el 41 y el 47 por ciento", precisó Javier M.
El experto se movió en el terreno de la posibilidad por cuanto ni siquiera se ha podido certificar que los dos pacientes fueran tratados con este perfluoroctano tóxico, ya que no se registró la marca y el lote utilizado en la hoja de quirófano y, por tanto, pudo haberse utilizado cualquiera de los otros dos de distinta marca que se empleaban también en el centro hospitalario.
Peores resultados
En cualquier caso, Javier M. puntualizó que tanto él como sus otros tres compañeros de servicio se percataron de que a lo largo de dieciocho meses en el que usaron el Ala Octa, a diferencia del periodo anterior en el que no disponían de él, se registró un mayor porcentaje de casos en los que los pacientes, tras la operación, recuperaron menor visión de lo normal, algo que ocurrió en 22 de los 51 intervenidos.
Sin embargo, no fue hasta que saltó la alarma sanitaria, tras los graves casos detectados en Euskadi y Canarias, cuando el departamento de Oftalmología del Río Hortega empezó a sospechar y optó por remitir a la Agencia Española del Medicamento el medio centenar de intervenciones efectuadas en ese periodo en el centro vallisoletano ante su posible afección por el producto retirado.
El origen de la contaminación del producto, elaborado por la empresa alemana Alamedics Germany con materia adquirida en Rusia, pudo producirse en los tanques de almacenamiento al permanecer más tiempo del necesario.
En cualquier caso, el oftalmólogo, al igual que su compañero que operó a los dos afectados, eludió cualquier responsabilidad tras afirmar que en ambos casos las operaciones se realizaron de forma absolutamente correcta, aunque luego pudieran surgir complicaciones por el uso del polémico producto.
"Cuando uno va a un supermercado y compra aceite no duda de su seguridad sanitaria y por eso ni yo ni mis compañeros ponemos en tela de juicio la garantía de un producto que cuenta con el sello CE y que consideramos apto para su uso", sentenció.
Será la titular de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL, en Valladolid, la encargada de dictaminar si estima las reclamaciones de los afectados, con responsabilidad del Sacyl, Alamedics, la distribuidora WM Bloss de Cataluña y la aseguradora Mapfre, o bien atiende la petición desestimatoria de quienes figuran como responsables civiles.