El Ayuntamiento de Tordesillas reclama al ejecutivo de Sánchez poder gastar el superávit municipal

Tordesillas, con su equipo de gobierno a la cabeza, conformado por Partido Popular y VOX, ha solicitado al gobierno de España poder gastar el superávit municipal. La localidad cerró el pasado ejercicio con 1,4 millones de euros de ahorro, cumpliendo así con la regla de gasto y estabilidad presupuestaria.

En el pasado pleno del mes de junio, el gobierno municipal requirió al ejecutivo de Pedro Sánchez “garantizar la autonomía que la constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos”. Miguel Ángel Oliveira, alcalde de Tordesillas, considera que “el gobierno de España, con un absoluto desprecio hasta nuestra constitución, ha negado injustificadamente el pago a las entidades locales del IVA correspondiente a diciembre de 2017. Además están estudiando confiscar el superávit generado en 2019”. Esto, según datos del Ministerio de Hacienda del 31 de marzo de 2020, son 3.839 millones de euros de superávit de 2019 y 28.000 millones de euros de los superávits acumulados en los últimos ocho años por las entidades locales. “Las corporaciones locales, gracias a una gestión eficiente y rigurosa de sus recursos, han sido capaces de generar de manera recurrente un saldo positivo en sus cuentas públicas al cierre de cada ejercicio presupuestario, ayudando a que nuestro país pudiese cumplir con los objetivos de déficit público establecidos por la Unión Europea”.

En esta crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia por el Covid-19, “han sido los Ayuntamientos los primeros en implementar medidas para contener la expansión del virus y el apoyo a la población más vulnerable”. Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Tordesillas se pide “flexibilizar las reglas para que las entidades locales pueda utilizar sus superávits para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar contra la pandemia, siempre en coordinación con las Comunidades Autónomas y el Estado”, apunta Oliveira.

Dicha petición ha sido trasladada al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Hacienda, así como a los portavoces de los grupos políticos en el Congreso, Senado y de las Cortes de Castilla y León, además de a la Junta de Gobierno de la FEMP.