La polémica por el precio de la luz y su subida llegan al pleno de la Diputación de Valladolid

El Grupo Provincial Ciudadanos en la Diputación de Valladolid ha presentado al Pleno ordinario de diciembre, que tendrá lugar el este viernes día 22 de enero, una proposición para reducir el impacto de la subida del precio de la electricidad en las familias y consumidores de la provincia.

"El mes de enero se ha caracterizado por ser un mes fiscalmente duro", ha asegurado la portavoz del grupo provincial Ciudadanos y vicepresidenta de la Institución provincial, Gema Gómez, quien ha recordado la frase que lo caracteriza como "la cuesta de enero".

Este año, la llegada de una ola de frío en los primeros días debido al temporal Filomena, las cuarentenas sanitarias, los confinamientos selectivos y un toque de queda que obliga a las familias a permanecer durante muchas más horas en sus domicilios, lo que hace, como ha puesto de manifiesto Gómez, que "la pendiente de este mes de enero se avecine más pronunciada que los años anteriores".

De todos es sabido que el incremento de la demanda de la electricidad en los hogares, potenciado por las circunstancias descritas anteriormente, ha hecho subir los precios un 27%, alcanzando los 16,81 céntimos por kilovatio hora con la tarifa regulada (PVPC), frente a los 13,24 céntimos del mismo periodo de 2020. Y eso, teniendo en cuenta que España ya tenía una de las facturas eléctricas más caras de la Unión Europea. "Es una subida desproporcionada y a destiempo del precio de la electricidad", ha considerado la portavoz naranja, quien ha asegurado que "supone un golpe más a las pymes, a los autónomos y a los consumidores particulares", quienes "deben hacer frente a estos costes fijos, aun cuando se encuentran en una situación de reducción de sus ingresos".

"Esta subida del precio de la luz llega en el peor momento, ya que la pandemia sanitaria ha provocado una abrupta y peligrosa crisis económica en nuestro país", ha explicado Gema Gómez, quien ha recordado que al Banco de España prevé que el 10% de las empresas españolas ser verán obligadas a echar el cierre y que la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) alertaba el pasado mes de noviembre de que unos 600.000 autónomos se encontraban en riesgo de cierre. "Por no olvidar las cifras del paro, con la mayor subida del desempleo desde 2009", ha lamentado.

Por todo ello, el grupo provincial de Cs ha propuesto, para su aprobación en el pleno de este viernes, que la Diputación Provincial de Valladolid inste al Gobierno de España a que elabore con carácter urgente un Plan de Garantía de Suministros Básicos dirigido a prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de carencias en el acceso a los suministros básicos (luz, agua, gas), por parte de los consumidores y de las familias, que contemple, entre otras, las siguientes medidas:

Ayudas económicas directas a consumidores y familias vulnerables para financiar los costes de los suministros básicos.

Acuerdos con las compañías suministradoras para garantizar que siempre exista un preaviso antes de acometer interrupciones de suministro con la finalidad de poder detectar posibles situaciones de vulnerabilidad.

Acuerdos para compensar los costes derivados de la suspensión de la interrupción de suministros por causa de impago por consumidores y familias en situación de vulnerabilidad, especialmente durante los meses de invierno.

Por otro lado, la Institución también deberá, de ser aprobada la proposición, instar al Gobierno de la Nación a que impulse, entre otras, las siguientes medidas:

Acabar con la doble imposición establecida en las facturas de la luz y el gas natural, sacando los impuestos de electricidad e hidrocarburos respectivamente, de la base imponible del IVA, rebajando enormemente los precios de la electricidad a las familias y empresas y haciendo más competitiva nuestra economía, al situar estos costes en línea con los de nuestros socios europeos.

Establecer un tipo de IVA reducido (10%) para las facturas de la luz y del gas natural, como mínimo, mientras dure la situación de excepcionalidad derivada de la pandemia Covid-19.

Impulsar, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, una reforma de la tarifa eléctrica en relación con los elementos que determinan su coste actual para que los consumidores no tengan que soportar los que no están asociados al coste de la generación y distribución de la electricidad.

Impulsar las iniciativas legislativas precisas para regular una garantía social de acceso a los suministros básicos para todos los consumidores y familias en situación de vulnerabilidad, especialmente en los meses de invierno.

"No podemos permitir que el Gobierno ahogue aún más a las familias vallisoletanas, que ya están sufriendo demasiado desde que empezara esta terrible pandemia", ha zanjado Gema Gómez.