El letrado Javier Óscar Castaño, a quien el expresidente de Asaja en Valladolid hasta 2016, Lino Rodríguez, señala como redactor del contrato entre dicha OPA y Sodeprin S.L. cuya supuesta falsedad está siendo investigada, ha negado la autoría del mismo y ha asegurado que no supo nada de su existencia hasta que se lo exhibieron en el juzgado.

El desmentido del citado abogado ha sido una de las principales conclusiones extraídas de la segunda jornada del juicio que se celebra en la Audiencia de Valladolid contra el exlíder agrario, su esposa Ana de la Fuente y el exmiembro de la Junta Directiva de la organización Enrique Vallejo, a los que se acusa de haber pergeñado un contrato de arrendamiento de servicios con Sodeprin--de ella fueron administradores los dos primeros encausados--para presentarlo como prueba en un proceso de demanda contra el sindicato al que reclamaban casi 28.000 euros.

Si el primer día del juicio Lino Rodríguez apuntó al letrado Javier Óscar Castaño como la persona que elaboró el polémico contrato, el aludido, en la segunda jornada, no sólo ha negado este extremo sino que ha subrayado que la primera noticia que tuvo de dicho documento fue cuando fue citado en el juzgado de instrucción.

"No es mi forma de redactar, no es una materia de la que me ocupara ni tampoco mi hermana y no ha salido del ordenador del despacho", ha declarado Castaño, quien sí ha precisado que en la época investigada realizaba servicios para Asaja pero en pleitos y demandas de sus trabajadores.

Ha recordado también, en declaraciones recogidas por Europa Press, que en 2015-2016 llegó a representar al propio Lino Rodríguez en un procedimiento ante la Seguridad Social mediante la formalización de dos recursos de alzada, con la particularidad de que a raíz de ello el entonces presidente de Asaja Valladolid interpuso contra su persona una demanda de responsabilidad civil con una petición indemnizatoria "muy elevada" que aún no ha sido resuelta.

Durante su declaración, el magistrado presidente de la sala ha interpelado al testigo sobre los motivos que pudieran haber llevado a Lino Rodríguez a atribuirle la autoría del polémico contrato. "Si yo en esas fechas era abogado de Asaja, es muy fácil decir que yo redacté ese contrato...aunque también había más letrados", ha zanjado el interrogado.

Servicios prestados

Lo que sí parece acreditado es que Sodeprin S.L, además de servicios de asesoría fiscal y contable para Asaja, también empezó a realizar altas y bajas de trabajadores para la OPA en la comarca de Medina del Campo a raíz de la marcha del técnico que se hacía cargo de ello, tal y como han corroborado distintos testigos, como el actual presidente de la organización, Juan Ramón Alonso García, y el que fuera secretario hasta diciembre de 2016, Gonzalo Rodríguez Valverde.

Ambos, sin embargo, no tienen constancia de que existiera un contrato como tal suscrito entre Asaja y la referida mercantil ni que la formalización del mismo se acordara en las reuniones celebradas el 7 de abril de 2015 por el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de la OPA, contrariamente a lo mantenido por los tres acusados.

El actual presidente ha explicado que al acceder al cargo se hizo un "traspaso de poderes" entre la junta saliente y la entrante y que fue en enero de 2017 cuando el contable le informó de que había un cargo de Sodeprin que reclamaba casi 28.000 euros por servicios prestados a asociados de Medina del Campo, motivo por el que acudió a las oficinas de dicha empresa para hablar con su administradora y, a la vez, mujer de Lino Rodríguez.

"Me dijo que no hacía falta factura ni contrato porque todo el mundo sabía que esos trabajos se habían realizado", ha recordado Alonso García, quien ha añadido que ante la negativa de abonar ese importe--Sodeprin ya había cobrado inicialmente 4.800 euros--se inició entre las partes un intercambio de escritos y burofaxes que derivó en el proceso de demanda en el que los acusados presentaron el contrato, supuestamente falsificado.

El actual presidente ha reconocido que a su llegada al cargo conoció que Asaja debía importantes cantidades de dinero a proveedores y que también debía de afrontar una multa de más de 100.000 euros a Hacienda "por trabajos de asesoría fiscal mal hechos por Sodeprin".

También ha 'desfilado' por la sala como testigos los entonces tesorero, Fernando Esteban; vicepresidente, José Ignacio Martín Medrano, y secretario hasta diciembre de 2016, Gonzalo Rodríguez Valverde, quien, debido a una enfermedad, tuvo que ser sustituido por Enrique Vallejo en la reunión de la Junta Directiva el 7 de abril de 2015 en la que, según los acusados, se tomó la decisión de formalizar el contrato con Sodeprin.

Rodríguez Valverde, que era el encargado de redactar las actas tras la celebración de las juntas directivas, ha mantenido que con respecto a la mantenida el 7 de abril de 2015 fue a los pocos días cuando realizó dicho trámite siguiendo las indicaciones de Lino Rodríguez, quien le enumeró en las oficinas del sindicato las cuestiones que se habían debatido en el encuentro, entre las que, como así ha asegurado, no citó contrato alguno con Sodeprin.

"Nunca vi un contrato con Sodeprin, que en todo caso tenía que haberlo propuesto el presidente y haber sido aprobado en la Asamblea General o una Junta Directiva", ha concluido el exsecretario de la organización agraria.

El juicio entra este jueves en su fase final. En sus respectivos escritos de calificación, Fiscalía y Asaja tipifican los hechos como constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con otro de estafa procesal en grado de tentativa. Del primero están acusados los tres como autores y del segundo ella como autora y los otros dos como cooperadores necesarios.

Las peticiones oscilan entre un año y nueve meses de cárcel y multa de 2.700 euros para cada uno de ellos, según el escrito de la acusación pública, y los dos años y tres meses y sanciones económicas por importe de 3.000 que solicita Asaja.

Lino Rodríguez, que cumple actualmente prisión en Nanclares de Oca, cuenta actualmente con tres sentencias condenatorias con penas que globalmente suman quince años y medio y tiene pendientes aún otros tres procedimientos penales.