Absuelven a Lino Rodríguez, su esposa y a un exmiembro de Asaja por el contrato de Sodeprin

La Audiencia de Valladolid ha absuelto al expresidente de Asaja Lino Rodríguez; su esposa, Ana de la Fuente, y el exmiembro de la Junta Directiva Enrique Vallejo de los delitos de falsedad y estafa de los que estaban acusados por un contrato de arrendamiento de servicios con la empresa Sodeprin, según informa Europa Press.

Los acusados se enfrentaban a penas de entre un año y nueve meses que pedía la Fiscalía y dos años y tres meses de cárcel que solicitaba la acusación particular en representación de Asaja, además de entre 2.700 y 3.000 euros de multa para cada uno, al considerar que habían falsificado un contrato de arrendamiento de servicios con la empresa Sodeprin, de la que los dos primeros fueron administradores, con el fin de cobrar una factura de casi 28.000 euros.

Sin embargo, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial ha optado por un fallo absolutorio ante la ausencia de "prueba objetiva, determinante y fehaciente sobre la falta de realidad del contrato aportado" por los acusados y cuya formalización, según éstos, había sido aprobado en las sesiones del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de Asaja celebrados el 7 de abril de 2015, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

Aunque las acusaciones apuntan que sólo se celebró una reunión de la Junta Directiva, sin que en la misma se acordara la formalización del contrato, el tribunal sentenciador también advierte de que "no hay prueba plena" de tal circunstancia.

En este sentido, alude a que algunos de los testigos, miembros de dicho órgano, han asegurado no saber a ciencia cierta si se convocó o no el Comité ni la Junta en dicha fecha porque habitualmente no se levantaba acta y han mantenido que si se convocó lo hizo Lino Rodríguez, que entonces era presidente, informalmente.

Remite a la vía civil

"Hay también imprecisiones en los testigos sobre si se convocaba la Junta Directiva el mismo día que el Comité o no. Y si no se tiene constancia cierta, se desconoce si se adoptó el acuerdo de contratar a Sodeprin, no puede tampoco afirmarse la falta de autenticidad del contrato, que éste se firmara o se elaborara ex novo para aportarlo al procedimiento ordinario de reclamación de cantidad", incide la Audiencia de Valladolid, que, "en lo relativo a la cuantía de la factura y si los trabajos realizados se corresponden o no con lo facturado, debe resolverse, obviamente, en la vía civil, pero partiendo de que no es posible declarar el contrato falso por inauténtico, ante la ausencia total de pruebas al efecto".

La absolución de los tres encausados, tal y como habían interesado las defensas, contrasta con la postura de Fiscalía y Asaja Valladolid, que no discutían que Sodeprin S.L. efectuó trabajos para cerca de 160 asociados de la comarca de Medina del Campo, en labores de alta y baja de trabajadores, pero sí entendían los ahora absueltos falsificaron o un contrato con el fin de demostrar la existencia de un vínculo jurídico entre el sindicato y la prestataria del servicio para garantizarse el cobro de 27.789 euros en un proceso de demanda que se dirimía en el juzgado.

No hubo Comité Ejecutivo

Y es en este punto donde las acusaciones no tienen ninguna duda de que los acusados simularon el referido contrato, al que pusieron fecha 9 de abril de 2017 y en el que hicieron constar que el mismo había sido aprobado dos días antes en un Comité Ejecutivo de Asaja, sin que el mismo llegara a celebrarse y sí una Junta Directiva en la que no fue abordada dicha cuestión.

"Es un contrato falso en el que se pretende simular la intervención de la persona jurídica de Asaja, por mucho que la firmaran el entonces presidente, Lino Rodríguez; su esposa, en calidad de administradora de Sodeprin, y Enrique Vallejo y estamparan el sello de la organización agraria", advirtió la fiscal, mientras que el abobado de la acusación particular incidió en que un contrato así tenía que haber contado con la autorización del Comité Ejecutivo de la OPA, "un órgano que nunca se reunió en la fecha señalada por las defensas".

El letrado de la organización agraria recordó que en 2015 Asaja ya atravesaba por una fase convulsa, ya que comenzaron los procedimientos judiciales por distintos escándalos, y que en ese contexto tanto Lino como su pareja eran conscientes de que nunca conseguirían que el Comité Ejecutivo diera luz verde al pago de facturas con Sodeprin ni a la firma de un contrato de arrendamiento de servicios.

"Por eso actuaron de este modo. No negamos que esos servicios profesionales de Sodeprin a asociados de Medina sean reales, pero nadie sabía que tenían que ser cobrados al margen de la asesoría fiscal y contable que la empresa venía prestando ya a la organización", indicó el acusador particular, que también matizó que en julio de 2016 la mercantil ya logró cobrar una factura de 4.800 euros de una comisión por trámites laborales "según hoja de encargo".

En este sentido, el abogado de Asaja entendía que esa factura ya incluía todos los honorarios por los trabajos prestados, a pesar de lo cual Sodeprin giró luego otra factura por más de 27.000 euros y "ocultó intencionadamente" la primera, que no aportó a la presente causa, en un intento de ocultar que ya había sido convenientemente abonada.

Las acusaciones coincidían igualmente en que ese contrato supuestamente falsificado dio lugar igualmente a otro delito de estafa procesal en grado de tentativa al aportar el documento al proceso de demanda para garantizarse el cobro de casi 28.000 euros de la OPA.

Asaja no quiere pagar

En el bando opuesto, las tres defensas de los acusados mantuvieron su solicitud de un fallo absolutorio, como así ha ocurrido finalmente, tras mantener, en la línea expuesta por sus clientes, que el dubitado contrato fue aprobado en las reuniones del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de Asaja celebradas el 7 de abril de 2015, en las que se dio luz verde al mismo como uno de los distintos puntos que quedaron en un segundo plano ya que el verdadero objeto de ambos encuentros era aceptar el pago de 201.000 euros adeudados a la Agencia Tibutaria.

El defensor de Lino Rodríguez sostuvo además que Lino Rodríguez y su esposa no estaban obligados a falsificar un contrato por cuanto podían haber acudido directamente a la vía civil para reclamar las cantidades reclamadas, al tiempo que atribuyó el proceso penal abierto en la Audiencia de Valladolid al intento de Asaja de no afrontar sus obligaciones.

"Lo único que quiere Asaja es no pagar la deuda contraída alegando que el contrato es falso", resumió la defensa del exlíder agrario.