La Junta financia con tres millones y medio 23 proyectos de desarrollo en países empobrecidos

La Junta de Castilla y León entiende que como sociedad debemos luchar contra la pobreza a nivel mundial, colaborando con los países en desarrollo en ofrecer oportunidades a las personas para mejorar su calidad de vida; y con ese objetivo desde hace más de 25 años se viene trabajando en la defensa y la promoción de los Derechos Humanos en países empobrecidos, a través de diferentes programas e instrumentos, en un compromiso por la justicia a nivel global. Uno de los mecanismos más consolidados de apoyo a los colectivos más vulnerables en los países en desarrollo es la convocatoria de subvenciones en materia de Cooperación Internacional para proyectos de desarrollo y microacciones que acaba de resolverse.

Las acciones y estrategias que se apoyan vienen marcadas por las prioridades determinadas en el Plan Director de Cooperación al Desarrollo y la Agenda de Desarrollo Mundial 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La aplicación del enfoque de género, el enfoque de sostenibilidad medioambiental aplicado de manera trasversal y la apropiación del enfoque basado en derechos (EBDH) son las tres prioridades que han orientado los criterios de valoración, entre otros parámetros.

El 41,48 % de las intervenciones se centran en el derecho humano al agua potable y saneamiento básico. Entre ellas destacan las intervenciones en Bolivia, que permitirán garantizar el acceso al agua potable, mayoritariamente entre comunidades indígenas en la región de la Cochabamba y Santa Cruz. Para estas intervenciones se consignan 1.461.627 euros del total resuelto en la convocatoria.

En las intervenciones destinadas al cumplimiento del derecho humano a la alimentación adecuada, que se apoyan con 1.243.206 euros, se da una gran dispersión territorial con intervenciones en varios países de América Central y en América del Sur como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Bolivia o Perú. Sin embargo, son las intervenciones de Senegal las más representativas por su carácter integral y por la inclusión de las prioridades trasversales. Mayoritariamente implementadas en la zona de la Casamance, están destinadas al autoabastecimiento de alimentos, a veces focalizadas en las mujeres como motores de su propio desarrollo o con impactos en colectivos extremadamente vulnerables, como niños y niñas. Así mismo, se apoyan procesos de transformación económica y social y fortalecimiento institucional destinado tanto a garantizar un proceso de desarrollo sostenible y equilibrado, así como al fomento de la resiliencia en las zonas rurales.

En lo que se refiere al ámbito educativo, al que se destinan 650.079 euros, las intervenciones se han concentrado en la implementación de infraestructuras para garantizar la disponibilidad educativa, incluyendo infraestructuras complementarias como letrinas, puntos de agua o lavamanos. Además, merece atención la intervención destinada al fortalecimiento de los enfoques del currículo nacional del Perú, como el enfoque de derechos, el de igualdad de género y el medio ambiental desarrollados en escuelas públicas; varias de las intervenciones del Derecho Humano al Acceso al agua potable y saneamiento básico se implementan en colegios.

La intervención destinada al cumplimiento del Derecho Humano a la Salud, subvencionada con 169.000 euros, se llevará a cabo en Tanzania y se concentra en el fortalecimiento de los servicios de atención sanitaria en materia de salud sexual y reproductiva y en nutrición de recién nacidos promoviendo la leche materna entre los bebes entre 0 y 6 meses de vida.