El portavoz del Grupo Provincial Socialista en la Diputación de Valladolid, Francisco Ferreira, ha comparecido hoy ante el Consejero Delegado del Consejo de Cuentas de Castilla y León para ratificar la denuncia registrada el 6 de octubre relacionada con el servicio de extinción de incendios que presta la Institución Provincial en Medina del Campo, Arroyo de la encomienda y Laguna de Duero, tal y como han informado a través de un comunicado.
Ferreira ha recordado que, “los municipios de más de 20.000 habitantes o prestan el servicio de extinción de incendios de forma propia, o bien suscriben un convenio para que se les preste dicho servicio. Pero en realidad se está prestando por parte de la Diputación Provincial sin ningún título habilitante que legitime esa prestación, y sin percepción económica”.
Francisco Ferreira ha ratificado que el Grupo Socialista apela con esta acción a la función fiscalizadora que debe ejercer el Consejo de Cuentas, porque “puede existir una responsabilidad contable” por parte de la Diputación de Valladolid, ya que “se podrían estar gestionando de forma incorrecta los caudales públicos” en lo referente al servicio de extinción de incendios. “Al menos existen indicios razonables para creer en ello”, ha declarado.
También ha explicado que la ley la 7/85 de 2 de abril, en su artículo 36.c especifica que "la diputación asumirá la prestación del servicio de extinción de incendios en municipios de menos de 20.000 habitantes", por lo que los que cuentan con mayor población están obligados a dar el servicio de forma propia o bien suscribiendo un convenio que lo ampare”, ha manifestado.
Aprobación por todos los grupos en el pleno de diciembre de 2020
En ese sentido, los socialistas han presentado una proposición en el pleno de diciembre de 2020 a fin de que se regularizase la prestación del servicio de extinción de incendios por parte de la Diputación a los municipios de más de 20.000 habitantes, y fue aprobada por todos los grupos políticos. Se preguntó sobre ello en el pleno de marzo de este año y se registró un escrito dirigido al presidente en el mismo sentido en septiembre. “La respuesta fue darnos largas y no solucionar el problema después de diez meses. Por lo tanto, instamos al Consejo de Cuentas a que haga una labor fiscalizadora en todo lo referente a estos hechos”.
Desde el Grupo Provincial Socialista han subrayado que todos los grupos políticos “aprobaron la proposición de regularizar este servicio prestado por parte de la Diputación a los municipios de más de 20.000 habitantes, y el Partido Popular apoyó esa proposición”. Los socialistas han aclarado que ante la “inacción del Equipo de Gobierno”, lo que pretenden es “que se cumpla la ley, a través de este cauce o del que corresponda”. “Porque concluyen, la Diputación no está para dar servicios a los municipios de mayor tamaño de la provincia de Valladolid”, han concluido.