El Partido Animalista PACMA se persona como acusación popular en la denuncia del caso de los 16 cadáveres de jabalíes hallados en una furgoneta abandonada en Valladolid el pasado día 8 de marzo. Según medios locales, los investigados por un presunto delito contra el medio ambiente y la salud pública son dos empresarios cárnicos vecinos de la capital cuyas siglas serían J. A. B. T. y M. A. M.

Hace aproximadamente un mes, los vecinos del centro de Valladolid reportaban quejas a las autoridades por un olor nauseabundo que manaba de una furgoneta con las puertas entreabiertas, a simple vista abandonada. Cuando la Guardia Civil se personó en el lugar, halló los cadáveres en descomposición de 16 animales. Se trataba de jabalíes de diferentes edades, todos cazados desde hacía días, y un bidón con vísceras.

Ante la posibilidad de un delito contra la salud pública y el medioambiente, el SEPRONA iniciaría un expediente de investigación que fácilmente daría con los dueños de la furgoneta: dos empresarios cárnicos de la zona.

Las mismas siglas (J.A.B.T.) aparecían en otra noticia relacionada, en los medios locales de Valladolid en el año 2018, con un cazador con la licencia retirada en 2017, en posesión de armas sin permiso (rifles, escopetas, pistolas y decenas de miles de piezas de munición) y con una colección de cabezas disecadas de animales. Las autoridades no se han pronunciado aún acerca de si se trataría del mismo individuo, aunque todo apunta a ello.

Si bien, según la información recogida, estos animales no iban a ser utilizados para su venta como producto alimentario, la legislación indica que los cadáveres de animales cazados han de someterse a un tratamiento determinado de eliminación para evitar riesgos sanitarios.

La vicepresidenta y una de las abogadas de PACMA, Cristina García, asegura que eventos así delatan, una vez más, la falta de sensibilidad y respeto del colectivo de cazadores con los animales y la falta de consideración para el resto de ciudadanos. La formación política animalista apunta a la gravedad de los hechos, más si cabe cuando se trata de personas vinculadas al ámbito de la alimentación.