La Junta autoriza una nueva ampliación de la fundición de plomo de Medina del Campo

El Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, dependiente de la Junta de Castilla y León, ha aprobado esta mañana la modificación sustancial de la autorización ambiental de Metalúrgica de Medina, S.A. (MEMESA) para ampliar la capacidad de su fundición de plomo en Medina del Campo (Valladolid), desde las 50.000 toneladas anuales de producción de plomo originales hasta un total de 70.000 toneladas anuales. Para ello, MEMESA utilizará como materia prima principalmente baterías usadas, como asegura Ecologistas en Acción. 

"Esta modificación sustancial debería conllevar además la adaptación a las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles aprobadas por la Unión Europea para las fundiciones de plomo, cuyo plazo expiró el 30 de junio de 2020, por lo que el expediente de MEMESA acumula un retraso de casi dos años, mientras no consta que se haya iniciado la adaptación de la otra fundición de plomo de Castilla y León, ubicada en San Esteban de Gormaz (Soria)", según han informado en un comunicado.

Como explican, en los últimos años se ha producido un importante incremento de la cantidad de residuos peligrosos gestionados por MEMESA, pasando de 52.000 toneladas en 2008 a cerca de 92.000 toneladas en 2019. La mayor parte de los residuos son además importados desde países como Alemania, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Noruega o Portugal. El nuevo permiso faculta ahora a MEMESA a gestionar hasta 136.000 toneladas de residuos peligrosos.

Para Ecologistas en Acción y FACUA Castilla y León, esta decisión vulnera los principios legales de autosuficiencia y proximidad en la gestión de los residuos, buena parte de los cuales terminan en el vertedero de residuos peligrosos que la empresa posee en Medina del Campo, donde sólo en 2019 depositó cerca de 25.000 toneladas de desechos.

"Esta nefasta política de la Junta de Castilla y León está convirtiendo a la región en el principal sumidero de residuos peligrosos de España, deplorable situación que se consolidará con el proyecto de MEMESA y con la incineradora de residuos peligrosos que actualmente se tramita en la localidad soriana de Ólvega, promovida por la empresa catalana Distiller, S.A", indican.

El plomo tiene efectos neurotóxicos bien conocidos desde hace muchos años, destacando su afección sobre el desarrollo mental y el coeficiente intelectual de los niños, conllevando en especial defectos en el aprendizaje del lenguaje y la memoria. La Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) ha determinado además que los compuestos inorgánicos de plomo son probablemente carcinógenos para los humanos (grupo 2A). No hay una dosis umbral de ingestión de plomo por debajo de la cual no haya efectos sobre la salud, como informa Ecologistas.

Un estudio científico de 2016 ha calculado que el coste sanitario que comporta la emisión a la atmósfera de 1 kilogramo de plomo es de 29.343 euros de 2013, tan solo a efectos de aumento de la mortalidad y de pérdida de coeficiente intelectual[1]. El coste sanitario de las tres toneladas de plomo emitidas al aire de Medina del Campo por MEMESA en la última década (2011-2020) ascendería así a cerca de 100 millones de euros actuales. En estas condiciones, no es sanitariamente admisible la ampliación de las actuales emisiones al aire y al suelo de la fundición de plomo de MEMESA, derivada de la modificación solicitada, cuyo coste económico continuará siendo socializado por la empresa, con connivencia administrativa.

Aunque ecologistas y consumidores valoran positivamente la reducción a la mitad de los límites actuales para la emisión al aire de partículas y plomo y a la quinta parte los de dióxido de azufre (SO2), critican que no se rebaje de manera coherente el límite de emisión de los restantes metales pesados y que se suprima la necesidad de controlar los niveles de contaminación de estos compuestos en Medina de Campo y sus alrededores.

Por otro lado, la propuesta de modificación de la autorización ambiental de MEMESA omite la mejor técnica disponible destinada a la regeneración del ácido sulfúrico obtenido en el proceso de recuperación de las baterías, contenida en las conclusiones aprobadas por la Comisión Europea. En su lugar, dicho residuo termina en el vertedero de la empresa en Medina del Campo, tras ser neutralizado, a diferencia de lo que la propia Junta ha autorizado recientemente en la fundición de plomo soriana de San Esteban de Gormaz.

Para Ecologistas en Acción y FACUA Castilla y León, "todas estas irregularidades y el escaso interés por la protección de la salud y el medio ambiente de los medinenses dan continuidad a comportamientos similares en el pasado de la Junta de Castilla y León y confirman el trato de favor que tradicionalmente se ha otorgado a MEMESA, vinculada al antiguo alcalde de Medina del Campo y antiguo procurador en Cortes, Crescencio Martín Pascual", concluyen en el comunicado.