La polémica del toro de la Vega de Tordesillas ha logrado unir a dos políticos del Partido Popular y Partido Socialista, siempre distantes, pero en este caso van de la mano. Y es que la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha mostrado su total acuerdo con las palabras dichas ayer por el concejal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid José Antonio de Santiago-Juárez quien mostró su rechazo legal el nuevo reglamento del Ayuntamiento de Tordesillas y consideró que se está saltando la norma con rango de ley de Castilla y León sobre espectáculos taurinos.

De esta manera, Barcones, durante una visita realizada a Soria, se ha apoyado en sus declaraciones. “Él es la persona que hizo la norma y, por lo tanto, que mejor lo conoce. Lo ha dicho claro y muy taxativo. Lo aprobado por el Ayuntamiento no respeta la legislación vigente autonómica”. Así, “por parte del Ministerio se ha considerado que se vulnera la ley y ahora le corresponde al poder judicial decidir”, ya que el caso se ha puesto en manos de Fiscalía. La delegada no ha querido entrar en más polémica y se ha ceñido a que el papel de la Delegación es “trabajar en el dispositivo” para que se cumplan las medidas de seguridad durante el próximo martes en Tordesillas.

El Gobierno de España ha vuelto a abrir la caja de pandora. A través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha presentado ante la Fiscalía de Medio Ambiente un escrito para que paralice de forma cautelar la celebración del Toro de la Vega en Tordesillas, en la provincia Valladolid, por considerar que se trata de un “posible delito de maltrato animal”. De esta forma, De Santiago-Juárez aseguró ayer que el "movimiento" del Gobierno es “correcto”.