Un día después de conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestimaba el recurso de apelación interpuesto por la exalcaldesa de Boecillo, María Ángeles Rincón, tras la condena de la Audiencia de Valladolid a nueve años de inhabilitación para cargo público por prevaricación, la exregidora ha respondido hoy en un comunicado. Rincón asegura que su "único objetivo ha sido trabajar buscando el beneficio del pueblo, los vecinos y su ayuntamiento, buscando hacer un pueblo más cómodo y con mejores servicios para los vecinos, que son los que hacen posible que Boecillo siga vivo. Todo ello sin perseguir en ningún caso ningún tipo de beneficio ni para mi persona ni para ningún amigo o familiar".
Además, asegura que "ha quedado demostrado que todo este procedimiento ha tenido como única intención ensuciar mi imagen y sembrar la duda sobre mi actuación en el ayuntamiento de Boecillo". En este comunicado explica que "han sido cinco los expedientes objeto de denuncia, de los cuales el primero fue archivado sin siquiera llegar a juicio y, de los otros cuatro, se me ha absuelto en tres, y se me ha condenado en uno, no porque la decisión haya sido ilegal (la sentencia ha establecido que fue legal) ni porque se haya provocado un daño o perjuicio alguno al municipio, sino, única y exclusivamente, porque, siguiendo las expresas instrucciones de la empresa que asesoraba al Ayuntamiento, frente a la que me reservo las correspondientes acciones de responsabilidad, no se incorporó un informe del secretario al expediente al entender que no era preceptivo".
La exalcaldesa defiende que tanto la Audiencia como el TSJ "han declarado que mi conducta no ha sido punible, que mi actuación no ha sido irresponsable y que ningún perjuicio económico, sino todo lo contrario, se ha producido como consecuencia de las decisiones tomadas por el equipo de gobierno que presidía".
Asimismo, lamenta que durante la legislatura pasada "se ha desarrollado una campaña de desprestigio contra mi persona por parte, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que como se ha podido comprobar, en el municipio de Boecillo equivale a lo mismo. En vez de trabajar por la mejora del pueblo y justificar así el sueldo municipal cobrado cada mes por los dos portavoces de la oposición, su única obsesión ha sido poder resarcirse del agravio que les produjo la pérdida de la alcaldía".
En relación con la contratación del Encargado de Mantenimiento, Rincón manifiesta que "la sentencia determina que este hecho no supuso un perjuicio económico para el ayuntamiento tal y como manifestaban los denunciantes, sino todo lo contrario. Esta contratación supuso un gran ahorro para el ayuntamiento. En primer lugar porque su sueldo era menor que el sueldo del encargado y en segundo lugar por la eficiente y eficaz gestión que desarrolló al cargo del mantenimiento del municipio, optimizando los recursos disponibles y generando una mejora en la prestación de los servicios municipales".
En su opinión, las sentencias también ponen de manifiesto "que la obra de abastecimiento de agua que se hizo en la Avenida El Fillo, fue la mejor opción avalada por los técnicos, que supuso un ahorro al ayuntamiento por no tener que abrir la misma zanja dos veces, con los consiguientes perjuicios para los vecinos, y que gracias a esta actuación no se puso en riesgo la salud de los vecinos, al acometer la reparación de las tuberías destrozadas y de fibrocemento de esta calle de forma urgente. Concluye la sentencia que la actuación se realizó buscando el interés público en la que se atendió necesidades urgentes de interés general". Y explica que en relación con la construcción anexa a la nave municipal "se establece que era una construcción muy elemental sin defectos aparentes que comprometiesen su estabilidad, que se encontraba sin finalizar, y que la ejecución de esta actuación en ningún momento ha perjudicado económicamente al Ayuntamiento".
En el comunicado también expone que en la denuncia por el arreglo del puente del Peregrino, "la sentencia pone de manifiesto que no hay perjuicio por la obra realizada en el puente, que gracias a esa obra se mejoró la seguridad del puente instalando barandillas y limitando la carga de los vehículos que utilizaban el puente y que su arreglo no causó perjuicio económico para el ayuntamiento puesto que se hizo con medios propios".
"Es evidente que con la campaña de desprestigio en la que estaban inmersos los dos portavoces de la oposición, se habrían recibido denuncias por estos motivos o por los contrarios. Cualquier excusa habría sido buena para el fin que perseguían. Y por respeto a los vecinos y el perjuicio económico y moral que también a ellos les ha supuesto, debería el ayuntamiento con su alcalde a la cabeza, dar claridad del montante económico que este proceso ha supuesto para las arcas municipales, desde abogados, informes y costas judiciales", subraya la exalacaldesa de Boecillo en el comunicado remitido a los medios.