"Es una tomadura de pelo. Estoy harto". Así de contundente se mostraba el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, este pasado 7 de octubre contra sus compañeros de partido a nivel nacional y más concretamente contra la titular de la cartera de Justicia, Pilar Llop. Unas palabras que han incendiado las relaciones del Consistorio vallisoletano con el Gobierno de España a consecuencia de la interminable Ciudad de la Justicia en la capital del Pisuerga.

La historia de nunca acabar se remonta a los comienzos de los 2000, cuando la necesidad imperiosa de aglomerar todos los estamentos de la justicia de Valladolid parecía abocada a una realidad inminente. El Gobierno Municipal, por aquel entonces dirigido por el popular Javier León de la Riva, comenzó entonces a plantear esta disyuntiva. 

Fue, precisamente, el ya abandonado Colegio El Salvador la opción que se pensó en primera instancia. Sin embargo, los propietarios del inmueble solicitaron una cifra inasumible, 20 millones de euros, y fue descartado rápidamente por el titular de la cartera de Justicia en 2007, Mariano Fernández Bermejo.

El equipo de Gobierno puso sobre la mesa dos opciones: la zona de Viveros en Barrio España y la zona de Girón-Villa del Prado. Fue entonces la segunda opción la elegida por León de la Riva, que aprobó en 2012 ceder al Ministerio el edificio situado en la calle Mieses. 

Sin embargo, los años sucedían y los avances en el proyecto comprometido por el Ministerio de Justicia a Valladolid no avanzaban como se pretendía. Tal era así que se llegó a 2015 y el equipo de Gobierno cambió de manos. PSOE y Valladolid Toma la Palabra tomaron el relevo en el Ayuntamiento vallisoletano.

Liderados por Óscar Puente y Manuel Saravia recuperaron la opción del Colegio El Salvador, ya que consideraban que el barrio de Girón no estaba preparado para el comercio, y tampoco estaban por la labor de sacar las administraciones de Justicia del centro de la ciudad.

Una primera reyerta se abrió entre PP y PSOE y VTLP, ya que estos primeros, en funciones, trataron de acelerar los trámites para ceder los suelos de la calle Mieses al Ministerio de Justicia, algo que consideraron los próximos sucesores como algo desleal. Finalmente, la jugada del Gobierno en funciones no salió a flote.

PSOE y Valladolid Toma la Palabra cogieron el relevo en el Consistorio y recuperaron la opción de que la futura Ciudad de la Justicia se instalara en el antiguo Colegio El Salvador. De esta manera, todas las admnistraciones permanecerían en el centro de la ciudad, tal y como defendían ambos partidos.

Desde entonces, las acometidas para llevar a cabo la operación por parte del Ayuntamiento de Valladolid no cesaron. En un primer momento se negoció con el Sareb la permuta de algunos terrenos, pero la negociación no iba a ser sencilla, ya que la entidad únicamente estaba interesada en "parcelas finalistas". La propuesta de cambio del Ayuntamiento no era otra que unos terrenos junto a la zona del Zambrana. 

La burocracia hizo entonces que cada propuesta cayese como un saco roto una y otra vez, ya que cada oferta llevaba consigo la tramitación de ciertos documentos que no hacían otra cosa que dilatar la operación en el tiempo. 

Finalmente y tras años de intentonas fallidas, el Consistorio optó por comprar el inmueble en junio de 2021 por un valor de unos siete millones de euros. Todo parecía estar ya cerrado y sentenciado. La Ciudad de la Justicia iniciaría su marcha pronto, tras más de una década de intentonas, seis después desde la llegada de VTLP y PSOE al Gobierno Municipal.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. El 6 de octubre de 2022 el Gobierno de España publicó los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. En el documento del ejecutivo nacional se puede ver que la partida destinada al proyecto de la Ciudad de la Justicia de Valladolid contaría únicamente con 200.000 euros. 

Claro está que se trata de una cifra simbólica que deja patente el poco compromiso por parte del Ministerio de Justicia y su nulo interés en que la Ciudad de la Justicia sea una realidad para Valladolid, partiendo de la base que ya, como mínimo, se necesitan 500.000 euros para la redacción del proyecto.

Al día siguiente, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, acudía a las jornadas por el 50 aniversario de la primera generación de mujeres en la Policía Municipal. El regidor había convocado a los periodistas a las 09:30 horas, pero no apareció hasta pasadas las 09:45 horas.

Poco tiempo después se conoció el motivo. Todo el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid había estado reunido desde las 08:30 horas para debatir sobre la inversión del Ministerio en el eterno proyecto. La decisión estaba tomada y así lo hizo saber el regidor a los medios de comunicación allí presentes: "Hasta aquí hemos llegado, estoy harto, es una tomadura de pelo, paralizamos cualquier acción de la Ciudad de la Justicia". 

Se acabó la partida de ajedrez. Ahora la pelota está en el tejado del Ministerio de Justicia y del Gobierno de España. El Ayuntamiento de Valladolid abandona por completo más intentos, ya que, según Puente, han hecho "todo" lo que tenían que hacer. 

Sin duda, una declaración de intenciones por parte de Óscar Puente a sus compañeros de partido a nivel nacional, a los que ha puesto en jaque a falta del mate. El cuento de nunca acabar que parece no tener fin, pero, sobre todo, que aparenta quedarse en un punto muerto al menos durante unos años. Valladolid, por el momento y hasta que Pilar Llop y su equipo demuestren lo contrario, se queda sin Ciudad de la Justicia.