El fraude de los ataúdes de Valladolid atormenta a una familia 19 años después: “Estamos indignados y en shock”
El juzgado que instruye el caso originado en 2019 se pone en contacto vía carta con un vallisoletano al que la funeraria El Salvador estafó presuntamente al intercambiar el féretro que no incineró de su padre en febrero de 2004
20 enero, 2023 07:00Noticias relacionadas
19 años después de la muerte de tu padre recibes una carta en la que te aseguran que se "pudo sustraer el féretro antes de su incineración" y cambiarlo por otro de menor valor. Esto es lo que le ha ocurrido a una familia de Valladolid que acaba de recibir una notificación desde el Juzgado de Instrucción Número 6 en la que comunica que su padre fallecido (en febrero de 2004) está incluido en el listado de perjudicados a los que el tanatorio El Salvador de Valladolid pudo realizar esta supuesta macroestafa durante más de dos décadas.
El Español Noticias de Castilla y León ha tenido acceso al escrito judicial. En la carta, con fecha 20 de diciembre de 2022, se pide a la familia que comunique si ha llevado a cabo ya denuncia ante la policía para las pertinentes acciones judiciales, y si no lo ha hecho, le marca las pautas a seguir, ya que su padre podría ser uno de los perjudicados por este proceder. De esta forma se confirma que cuatro años después de que explotara esta supuesta estafa siguen salpicando casos en un proceso judicial que se encuentra en fase de diligencias previas en el Juzgado número 6 de Valladolid.
Como es lógico, la familia no podía pensar que su padre pudiera figurar en esta lista de posibles afectados por el caso de la supuesta macroestafa que sacó a la luz la Policía Nacional en 2019 y cuya instrucción sigue en curso. “Estamos todavía en shock, nos quedamos sin palabras cuando nos llegó la carta y tenemos rabia. Es una indignación total el saber que hay gente que se puede enriquecer con estas cosas”, lamenta una de las hijas.
En el caso de que se desee denunciar, la familia deberá aportar, según la información del juzgado, el libro de familia o testamento o declaración de herederos y factura de gastos de la funeraria o documento acreditativo de los mismos. Si hay compañía aseguradora, deberá aportar el nombre de esta y el número de póliza. Hay muchas familias que han visto cómo no han podido realizar esta denuncia al no contar con estos documentos.
Según ha podido saber este periódico, el asunto está llegado a otras provincias con familiares de fallecidos que acogen con sorpresa las cartas que está remitiendo el juzgado vallisoletano, en concreto también se ha confirmado un caso en Palencia.
Una estafa de 3,6 millones
La macroestafa se valoró en 3,6 millones de euros, según las investigaciones de la Policía Nacional, que es el margen económico que hubiera obtenido Grupo El Salvador al vender ataúdes de un valor a las familias y entregar en realidad féretros más económicos para obtener un beneficio ilícito. Según el informe policial, Grupo El Salvador, propiedad de la familia Morchón, cambió 5.996 féretros entre 1995 y 2015, es lo que se conoce como la ‘Operación Ignis’, en la que la UDEV de la Policía Nacional destapó esta trama acusada de cambiar ataúdes a punto de incinerar por otros de menor calidad, hecho que generó un ahorro a la empresa y un menoscabo a los clientes, todo ello durante casi 20 años.
Todo surgió cuando en extrabajador de El Salvador fue denunciado por extorsión por parte del dueño Ignacio Morchón, ya fallecido el pasado mes de octubre a los 77 años de edad. Se estima que el empleado solicitó un complemento a su jubilación a cambio de su silencio que no le fue concedido, lo que llevó a ambas partes a un juicio, que finalmente desató en este escándalo, que todavía sigue sin juzgarse y que ahora más que nunca regresa a la mente de los vallisoletanos. Incluso alguna familias se preguntan si los restos de cenizas pertenecen a su familiar.
Los últimos datos que se tienen del caso es que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid emitió un auto en 2021 donde se accedió a la petición de la UDEV de la Policía Judicial y la Policía Nacional para volver a entrar a la sede del tanatorio El Salvador para completar el informe sobre el consumo de gas en las instalaciones. Además, la jueza trabaja en saber cuántos de los más de 20 investigados se sentarán finalmente en el banquillo.