Es algo muy habitual. Viernes noche, manta, peli y…comida a domicilio. Pizza, hamburguesa, oriental, italiano…un sinfín de oferta gastronómica que hace cada vez más apetecible el envío a casa, ya que te evitas cocinar y fregar. Pero detrás de cada envío a casa hay un repartidor con unas condiciones que para Raúl García Agudo, delegado provincial de CCOO en Valladolid, son “extenuantes e indignas de trabajo”. Esto es lo que tienes que saber la próxima vez que abramos la puerta a uno de estos riders. En la ciudad del Pisuerga se calcula que hay unos 500 empleados.
Raúl sabe de lo que habla. Es el ‘sindicalista infiltrado’ desde que en 2019 se le ocurrió la idea de conocer en primera persona lo que se cocía en este tipo de negocio. Casualmente la empresa de contratación estaba al lado de la sede del sindicato y le llamó la atención el perfil de las personas que entraban. García Agudo se presentó al proceso de selección y lo plasmó todo en el libro ‘El sindicalista infiltrado’, un éxito que ha servido para conocer las protestas y reivindicaciones que culminaron en la Ley Rider y que ha servido de ejemplo para otras comunidades. Su estudio abrió el camino para mejorar las condiciones. Ahora, cuatro años después, el asunto sigue de plena actualidad por los cambios en la normativa que se han llevado a cabo, y porque son muchas las empresas que siguen sin cumplirla. En su entrevista previa le llegaron a decir que ganaría cerca de 3.000 euros al mes.
Desde CCOO, espera que los cambios que se han realizado en el Congreso para incluir penas de cárcel para aquellas empresas que sistemáticamente vulneran la normativa laboral entren en ejecución “lo más rápido posible”. Sin ir más lejos,esta misma semana se ha sabido que Trabajo ha multado a Glovo con 57 millones por contratar falsos autónomos y extranjeros 'sin papeles' en Madrid.
[Multa de 57 millones de euros por contratos falsos a Glovo]
Nueva ley con penas de cárcel
Pasados estos cuatro años, García Agudo reconoce que se ha avanzado en “algunos aspectos”, pero desgraciadamente algunas empresas, y da nombres: Glovo y Uber, siguen haciendo lo mismo. “Son dos empresas que trabajan de forma fraudulenta y sus dueños tienen que saber que cuando entre en vigor la nueva ley laboral estas acciones serán tipificadas en el Código Penal que haya penas de prisión”, advierte para añadir que es una situación “de piratería”.
Las leyendas urbanas sobre los riders son ciertas. Aunque ahora la nueva ley obliga a hacer asalariado al empleado, algunas no lo cumplen. En este caso, siguen siendo falsos autónomos. Para empezar tienen que pagar la cuota, eso sí, les avisan de que cómo está bonificada los dos primeros años les saldrá “gratis”, luego tienen que pagar la famosa mochila, en este caso 60 euros, “encima de que les haces publicidad”, añade, contar con un smartphone de última generación para recibir datos, contar con un medio de transporte (si es con combustible te lo pagas tú) también un seguro de accidentes (cinco euros más) y para hacer “los papeleos” te recomiendan una asesoría que “casualmente” trabaja con ellos.
Y existe una cosa muy curiosa. Los autónomos (falsos en este caso) están en manos de los algoritmos. Aquí no hay jefes que distribuyan el trabajo. Quienes trabajan para Glovo están pendientes de un programa que si no aceptas un encargo que se te asigna, pierdes valoración, si eres rápido en hacerlo, tendrás más. Esto provoca que “se jueguen la vida en cada pedido por ser más rápidos y así ganar más dinero”, expresa. Al final, por 12 y 13 horas diarias repartiendo se pueden sacar 950 euros, ya que un rider se puede llevar dos de euros por pedido entregado.
Sin embargo, Glovo lanzó una subasta a la baja para que fueran los riders los que establecieran el precio. Además, los tiempos de espera son largos para asignar un pedido o esperando la comida de los restaurantes, que puede llegar a ser de hasta 30 minutos. En este caso se añaden 5 céntimos por minuto de espera en el establecimiento de recogida. Piensa que en los días de lluvia, los repartidores ganan un 30%, eso sí, será Glovo el que decida si ha sido un día lluvioso o simplemente han caído un par de gotas.
Además destaca que ahora muchos trabajadores subcontratan su cuenta a personas con peores condiciones, muchos de ellos en riesgo de exclusión social o ilegales. Subarriendan su cuenta durante una parte del día y se les paga 450 euros al mes por más de 12 horas diarias.
¿Qué hacer ante esta situación?
El vallisoletano tiene claro que hay que seguir apostando por este negocio, seguir llamando para comer a domicilio, pero en este caso hacerlo y “premiando” a las empresas que “cumplen con la ley” y “cuidan a sus empleados”. No tiene problemas en decir que Just Eat, Burger King o muchas empresas de pizzas “están cumpliendo” con la ley.
El sindicalista reconoce que detrás de cada envío hay “una carga tremenda, una precariedad que es como esclavitud” y recuerda que varias personas han muerto realizando este trabajo, por eso aboga por una “conciencia social” en este aspecto. Y es que tiene claro que si volviera a hacer el experimento, “pasaría lo mismo”.