UGT ha denunciado la concesión de varios contratos de la Fundación Municipal de Deportes, dependiente del Ayuntamiento de Valladolid, a una empresa con diversas denuncias de los trabajadores.
Desde el sindicato aseguran que el 1 de enero de 2021 arrancó la gestión del servicio de socorrismo en las piscinas municipales que dependen de la Fundación Municipal de Deportes del consistorio por parte de la empresa Gestión y Eventos Lázaro. Según UGT “desde el primer día, han sido innumerables las irregularidades laborales”.
La Unión General de Trabajadores en Castilla y León ha denunciado que, entre otras anomalías, los trabajadores “no disponen de los calendarios anuales” y que “perciben un salario que se encuentra por debajo del convenio y la empresa”. También que “está contratando a socorristas para la temporada de verano por 9 horas a la semana, pero les hace trabajar 40 horas o más”.
La organización sindical también denuncia que la empresa “ha llevado a cabo la falsificación de contratos de estos mismos socorristas, exige el doblaje de turnos” y que “ha incurrido en fraude en la aplicación de un ERTE y los trabajadores”. Además, afirman, que la delegada sindical “es sometida a desprecio y amenazas frecuentes”.
Desde el sindicato apuntan a que “las irregularidades y su mala gestión llegan hasta tal punto” que, de acuerdo con UGT, el servicio “no ha abierto en más de una ocasión varias de las cinco piscinas que tiene adjudicadas” y “en lugar de reconocer su implicación en la pésima gestión”, la empresa “ha echado la culpa a los propios trabajadores”.
Aseguran que “muchos trabajadores han presentado denuncias en los juzgados por no haber podido disfrutar de sus vacaciones y por no recibir el salario que marca el convenio”.
Estas son las razones por las que UGT ha puesto en conocimiento de la inspección de trabajo los hechos relatados y “se han levantado actas sancionadoras de todos ellos”. Afirman que una, incluso, “considerando muy graves los hechos relatados. Comunicado está a la Tesorería General de la Seguridad Social por fraude en los ERTE que aplicó durante las restricciones de horarios en la pandemia del coronavirus.
En el escrito, UGT afirma que han contactado con la Fundación Municipal de Deportes de Valladolid “en varias ocasiones” con el fin de informar al concejal de Deportes, Alberto Bustos, de lo ocurrido.
“Esta misma empresa fue multada por su gestión en las piscinas de Ellakuri y el Ayuntamiento decidió anular su contrato. En otros consistorios tiene prohibición por La Ley de Contratación”, apuntan. Desde UGT aseguran que en Valladolid, el consistorio “ha concedido dos nuevos servicios: la limpieza de la piscina de Parquesol y la del polideportivo Pisuerga”. Por ello, piden el “cese de la actividad de esta empresa en las contrataciones públicas de Valladolid, como se ha hecho en otros lugares”.
“No debería haber sitio para empresas pirata como esta. Lo que debería primar es la calidad del servicio y no la oferta más baja a costa de los salarios de los empleados”, finalizan.
“Extremaremos el control”
“Mostramos todo el respeto hacia un sindicato que intenta, por todos los medios, la protección de los trabajadores. Algo que compartimos e intentaremos hacer al máximo”, ha asegurado Alberto Bustos, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, en respuesta a la llamada de este periódico.
El edil ha asegurado que, hablando de la Administración pública, a la hora de contratar, “salen unos pliegos que están revisados técnica, administrativa y jurídicamente y que son correctos”. A partir de ahí se crea una mesa de contratación y si las empresas que licitan “cumplen con todo lo establecido, no se puede hacer más”.
“En esa mesa de contratación no estamos, ni siquiera, los concejales. Es absolutamente técnica. Están los técnicos municipales y todos los departamentos técnicos, administrativos y demás del Ayuntamiento, excepto los concejales”, añade Bustos.
El concejal del Ayuntamiento de Valladolid ha asegurado que lo que van a hacer en este caso y lo hacen en todos será “vigilar que las empresas cumplen con el pliego, el servicio y los trabajadores”. Además ha apuntado que, si se da “el caso de que no se cumpla y tenemos conocimiento de ello” intervendrán “con sanciones mayores o menores” que pueden llegar incluso hasta “la rescisión del contrato”.