Los funcionarios de Justicia de Castilla y León siguen en huelga y no parece que tenga un final a corto plazo. Ya llevan más de un mes manifestándose y pidiendo unas retribuciones justas, funciones claras y definidas y la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO).

No obtienen respuesta y eso es lo que les ha llevado a dar un paso más. Este martes, Valladolid presenciaba el entierro de la Justicia. Un acto en el que han llevado un ataúd, acompañado de los gritos de guerra de los trabajadores que decían, entre otros: "Ministra, escucha, seguimos en la lucha" o "Llop dimisión". Lejos de cesar las movilizaciones, han ido a más. Desde el pasado lunes, 22 de mayo, entraban en huelga indefinida y el próximo jueves 25 está prevista una concentración en Madrid.

"Simbolizamos el entierro ante una ministra que deja que la Justicia languidezca sólo porque no quiere reunirse con los funcionarios", lamenta Juanjo Banciella, responsable de CSIF Justicia en Castilla y León, uno de los sindicatos que ha organizado estas movilizaciones junto con CCOO, STAJ y UGT. A la par que recordaba que conforman el 93% de la plantilla y son quienes "sacan el trabajo adelante cada día".

Una ministra que, según explican, "sólo se reúne con unos cuantos para prebendas, dinero y subidas lineales" y que se niega a "reconocer el trabajo" de los funcionarios de una manera "legal y retributiva". "Está dedicándose a socavar la Justicia. Llevamos más de un mes de huelga y no se quiere reunir", afirma.

No entienden que cada día "anuncien ayudas" a otros sectores y critica que "nadie solventa un problema que afecta a todos los ciudadanos" puesto que "es un servicio esencial que defiende los derechos de los más desfavorecidos". Ellos garantizan que van a continuar reclamando que "se reconozcan" los derechos que tienen y piden una Justicia "eficiente, del siglo XXI". 

Ante la huelga de Madrid del próximo jueves, no tiene dudas de que llenarán la capital con "cientos de miles de funcionarios" para hacerse oír y reclamar que reconozcan su trabajo y les paguen por ello. 

La situación no parece ser muy esperanzadora. El año judicial 2023 "está perdido" y en los juzgados de lo Social ya se habla del 2024: "Todo esto es por una ministra que no reconoce la realidad, que sólo negocia con dos estamentos privilegiados y nos da la espalda".

Sobre la situación de Valladolid, Banciella ha anticipado que van a suspender 500 vistas esta semana y que en enero "no había ni un solo escrito por proveer y ya se acumulan más de 800". Y es que cada día que están de huelga se suspenden una media de 100 vistas. Cifras preocupantes puesto que, como apuntan desde CSIF, son temas relacionados con "divorcios o temas laborales".

Pese a ello, manda un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía: "Nadie se va a quedar en la cárcel porque un juzgado de guardia no está trabajando". Afirma que los juzgados de instrucción están cumpliendo "escrupulosamente" los servicios mínimos y "defienden" los derechos fundamentales de la población. Lo único que no se está llevando a cabo son aquellos que "no son servicios esenciales".