El pasado 8 de febrero, EL ESPAÑOL de Castilla y León les informaba de que la jueza del Juzgado de Instrucción Número 6 de Valladolid, María Teresa Javato, dictaba un auto, fechado a 3 de febrero de este año, para continuar con la tramitación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado contra 25 investigados por el presunto "cambiazo" de ataúdes en el Tanatorio El Salvador de Valladolid.
En ese auto, se daba el nombre de las 25 personas acusadas entre las que estaban los miembros de la familia Morchón y también los trabajadores de la funeraria. También se sentará en el banquillo, cuando se fije la fecha para el juicio que está pendiente, Justo M.G., que fue el denunciante de la trama.
La magistrada enviaba al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas el traslado de las actuaciones para formular el escrito de acusación. Un escrito que está fechado a 13 de abril de 2023 y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León.
[Caso ataúdes: al banquillo la familia Morchón y el denunciante del ‘cambiazo’ de El Salvador]
En este escrito de acusación, de 363 páginas ni más ni menos, se solicitan condenas que superan los 200 años de cárcel (206 concretamente) para las 24 personas que están siendo investigadas en el marco de la ‘Operación Ignis’, que fue destapada en el año 2009 por la Policía Nacional por el supuesto fraude de la Funeraria El Salvador que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros más baratos entre el año 1995 y 2015.
Peticiones de cárcel para los 24 investigados
Las penas más duras que registra el fiscal son para la mujer del fallecido empresario: María del Rosario V.L.. También para sus hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario M.V.. Para ellos, el fiscal solicita cinco años de cárcel por constitución de organización criminal. Siete años y seis meses de prisión para cada uno por un delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el delito continuado de estafa. Seis meses para cada uno por un delito continuado contra el respeto a los difuntos de seis meses y siete años para cada miembro de la familia por blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. En total, 80 años de cárcel en suma para los cuatro.
Para Justo M.G. el Ministerio Fiscal pide, en total, seis años de cárcel por los delitos de pertenencia a organización criminal (2 años), por apropiación indebida con delito continuado de estafa (3 años y 7 meses de prisión) y por un delito continuado contra el respeto a los difuntos de (5 meses de cárcel).
Para Antonio P.V. e Hipólito C.G. pide 18 años y 6 meses de cárcel en total por pertenencia a organización criminal, apropiación indebida con estafa y un delito contra el respeto hacia los muertos.
Para José Luis L.G. y José Antonio M.A. 17 años y 6 meses de cárcel por los mismos delitos.
Para Ángel P.V., Carlos S.D., Guillermo C.L., Andrés M.A., José Manuel P.F., Emilio G.E., Felicísimo A.G., David M.G., Luis Miguel A.B. penas que suman 57 años y 9 meses de cárcel en total por los delitos de pertenencia a organización criminal, apropiación indebida con estafa y delito continuado contra el respeto a los difuntos.
Para Raúl L.M., Álvaro R.L.S., Eladio G.M. e Isidro M.A. 20 años y 8 meses de cárcel y para Mario C.L. y Victorio S. 2 años y 3 meses y 4 años y 3 meses de prisión respectivamente.
Descontento del abogado de la familia
“Decir que, de momento, las cifras que se manejan no son correcta. Nos enfrentamos a un procedimiento por determinar. Estas noticias generan desasosiego entre las familias que tienen que estar convencidas de que han recibido un servicio completamente digno en la agencia funeraria”, asegura el abogado de la familia Morchón, Guillermo Ruiz Blay.
El letrado asegura que el informe del fiscal “cae en contradicción” cuando dice que “ninguno de los trabajadores recibió un euro extra de la actividad” y “después afirma que todos han estado vinculados por un sueldo durante 20 años”. “No parece nada lógico”, añade en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.
El letrado está a la espera de los escritos de acusación de las asociaciones personadas en el caso pero vuelve a resaltar que “entendemos que los hechos no son delictivos”.
“Nos da la sensación de que la instrucción se ha cerrado como se abrió con los escritos de un señor que acusa falsamente a compañeros y directivos de la empresa. No ha habido nada más. No se ha podido acreditar nada más. Se ha abierto una investigación, por parte de Hacienda, y no se les va a imputar ningún delito fiscal a las empresas porque no ha existido. Se les ha sancionado por cuestiones menores que están recurridas. Es una evidencia más de que no ha habido irregularidad”, finaliza Guillermo Ruiz Blay.
Más de tres millones de euros
El fiscal apunta, en el apartado de resultado de las prácticas, que las actuaciones de retirada de féretros y conjuntos de flores se efectuaron del 1995 a febrero de 2015, que fue cuando se dejó de tener constancia de personas fallecidas afectadas.
Apunta que estas prácticas lo han sido, no sólo respecto de servicios funerarios prestados por Funeraria Castellana, sino también respecto de aquellas otras empresas del sector de la provincia que, por carecer de horno crematorio propio, contrataban dicho servicio de incineración con Parque El Salvador.
Apuntan que esta actividad ha reportado unas ganancias ilícitas a Funeraria Castellana y a Parque El Salvador por un total de 3.667.711,95 euros correspondientes a los ataúdes de los que fueron desposeídos un total de 5.973 difuntos y a 381.056,14 euros en el caso de 3.174 motivos florales recuperados por los trabajadores de las empresas.