Decenas de trabajadores de atención a la discapacidad de Castilla y León se han concentrado este jueves, 15 de junio, frente a la Consejería de Familia e Igualdad para reclamar una dignificación salarial del colectivo con un complemento autonómico similar al de otras comunidades. Asimismo, exigen una equiparación de las condiciones laborales de los trabajadores de centros públicos y privados.

La secretaria de enseñanza de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Beatriz García González, ha afirmado que se concentraban a las 12:00 horas para “exigir” a la consejera de Familia e Igualdad, Isabel Blanco, que los escuche y reciba. En ella también estaba presente la responsable de Enseñanza Privada de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Esther Valdunciel Devesa, junto con los compañeros de atención a las personas con discapacidad.

“Hay 6.500 trabajadores en toda Castilla y León que están siendo menospreciados por las condiciones salariales y laborales que tienen”, afirma. Del mismo modo, recordaba que el objeto de dichas concentraciones es que se cree un complemento autonómico que sea “igual o se acerque mucho” al salario que tienen los trabajadores de función pública.

En este sentido, ha recordado la gran diferencia salarial que existe entre ambos, que puede rondar entre los 800 y 1.200 euros. “Un trabajador del mismo grado en empresas privadas cobra 1.215 euros brutos. En la pública, por el mismo trabajo, grado y antigüedad reciben entre 2.200 y 2.400 euros”, afirma.

Tanto los 2.000 empleados en los ochos centros públicos que hay en la Comunidad como en los privados están bajo un convenio estatal. Sin embargo, las comunidades tienen potestad para establecer complementos. Una situación que desde UGT denuncian ya que en otros lugares como Aragón, Baleares o Castilla- La Mancha ya lo han hecho.

García afirmaba la “sobrecarga física y mental tan importante” a la que cada día se enfrentan porque es un “trabajo duro”. Por ello, lamentan que en Castilla y León no se los está teniendo en cuenta “para nada”. 

Una situación de la que culpan a la consejera Isabel Blanco: “No se digna a recibirnos, cogernos el teléfono o responder a nuestros correos”. Por ello, ante esta negativa, el pasado miércoles ya anunciaban que habían remitido un escrito al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para que ponga fin a la situación. En caso de no hacerlo, no tienen miedo de acudir al Gobierno central.