Los funcionarios de Justicia exigen un mediador para "desencallar un conflicto artificialmente bloqueado" por el Gobierno

La situación de la Justicia en Castilla y León se puede definir ya como un caos. Los funcionarios llevan meses de huelga y las consecuencias que está teniendo no son nada esperanzadoras para la sociedad. Los ciudadanos ven cómo sus vistas se van postergando sin saber cuándo será el día en el que puedan resolver sus conflictos. Pero los propios trabajadores tampoco lo saben.

Este jueves se volvían a manifestar los sindicatos CSIF, CCOO, STAJ y UGT para volver a exigir que "alguien se siente a dialogar" porque todavía no lo han conseguido. Siguen defendiendo que su reivindicación es "justa" y que exigen unas "retribuciones justas" al igual que unas "funciones claras". Así lo han expresado en la lectura de un comunicado que ha tenido lugar en pleno centro de Valladolid. 

Recordaban que todo el tiempo que la Justicia esté parada, "se va a proyectar en el futuro" y que las consecuencias "van a ser fatales". Por ello, exigían que se nombre a un mediador para "desencallar un conflicto artificialmente bloqueado" por el Ministerio de Justicia que dirige Pilar Llop. A quien acusaron de estar "desaparecida".

El sector ha alertado del "colapso total y absoluto" que se vive en los juzgados vallisoletanos, con 60.000 escritos parados, más de 15.000 demandas a la espera de incoarse y 2.000 vistas semanales aplazadas.

"Los funcionarios sufrimos en mucha mayor medida las circunstancias de desigualdad retributiva, falta de reconocimiento y una división funcional de tareas que es artificiosa y de uso trampeado", lamentan. Todo ello mientras acusan al Ministerio de Justicia por "dar la espalda a la realidad" y "negociar con unos pocos". 

Desde los sindicatos critican que "con unos cerró acuerdos" mientras que con ellos "se niega a sentarse a negociar". Y que con otros compañeros "se apresuró a hacer una oferta económica" y a los funcionarios les "niega hasta el diálogo". Asimismo, han cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Se denomina progresista y llama intolerante a un colectivo que sólo pide dialogo, que lucha por la dignidad y el respeto de su trabajo".

Además, añaden que un partido que "se denomina socialista y obrero, no puede dar la espalda a quienes representan el 93% de la Administración de Justicia". Por todo ello, exigen, una vez más, a todos los poderes políticos alcanzar un "acuerdo justo" con los funcionarios, "abriendo una mesa de diálogo y negociación, con voluntad de llegar a acuerdos".

La manifestación ha comenzado en la Acera Recoletos, para continuar por la calle de Santiago, calle de la Constitución, calle del Duque de la Victoria, calle Ferrari, Bajada de la libertad, y finalizar en la calle de las Angustias, a la puerta de los juzgados de Valladolid.