En la mañana de este lunes, 3 de julio, un total de nueve organizaciones de Valladolid, han presentado una serie de sugerencias con respecto a la consulta planteada por el Ayuntamiento que es previa a la posible derogación de la Ordenanza de Tráfico que regula determinados carriles bici y también bus-taxi.

La Asamblea Ciclista de Valladolid (ASCIVA), La Asociación La Curva (Ciclistas Urbanas y Rurales  de Valladolid), las Organizaciones para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), Ecologistas en Acción, la Asociación Ciudad Sostenible, la Federación de AMPAs de Valladolid (FAPAVA), Greenpeace, la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado y STECyL (Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León) se han unido esta mañana para asegurar que “consideran un retroceso para la ciudad” la derogación de dicha ordenanza, que “tendría efectos negativos para el transporte público”.

También consideran que atentaría contra el desarrollo de “modos de movilidad alternativos y no contaminantes” y “la calidad del aire de la ciudad” con “graves efectos sobre la salud de las personas”.

En la mañana de hoy han querido recordar que son entre “200 y 300 las muertes  al año ocasionadas por la contaminación del aire en Valladolid”, según los datos que aporta el Instituto de Salud Carlos III de Madrid y también el Instituto de Salud Global de Barcelona.

“Menos coches, no más carriles”

“La ciudad necesita menos coches, no más carriles. Hay que modificar el modelo de movilidad que impera que está basado en el uso del vehículo privado por otro más sostenible y saludable”, han afirmado estas organizaciones apostando por uno que “ponga el foco en el transporte público y en medios de transporte no contaminantes, como los desplazamientos a pie y la bicicleta y los vehículos de movilidad personal”.

En su exposición han argumentado que los 11 kilómetros de carriles bus y taxi y los 25 de carril bici “cuya eliminación se pretende”, se habilitaron en julio de 2020, tras el confinamiento y con la intención de “mejorar la calidad ambiental”. Unas actuaciones que están recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana y en el Plan Integral de Movilidad Sostenible y Segura de Valladolid que el consistorio aprobó en el pleno del 30 de septiembre de 2021 y también en el Plan de Mejora de la Calidad del Aire en la ciudad de Valladolid, aprobado en pleno el 2 de marzo de 2022 que incluye la zona de bajas emisiones cuya regulación está pendiente de su Ordenanza Específica.

Ordenanza

Estas organizaciones y atendiendo al periodo de alegaciones que se ha abierto con relación a la Ordenanza de Tráfico, apuntan que el documento informativo que acompaña la consulta pública “se limita a una página de vaguedades que no cumplimenta siquiera formalmente los requisitos del artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de reglamentos”, afirman.

Afirman que “no se concretan cuáles son los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa” ni “la necesidad y oportunidad de su aprobación ni las posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias”.

La derogación de la ordenanza “supondría un paso atrás en el cambio de modelo” y han afirmado que “el incremento del espacio destinado al vehículo privado tiene un efecto llamada para este tipo de desplazamientos y afecta al atractivo del transporte público”. “Suprimir los carriles bici y bus no beneficia a nadie”, han añadido.

En una extensa rueda de prensa, han informado también de que la derogación de la ordenanza “dificulta la implantación de caminos escolares seguros” que “fomentan una vida saludable” y la “recuperación de la autonomía por parte de la infancia” que “les ha sido arrebatada por la presión del coche en las ciudades”, añaden.

“En caso de que la derogación del plan de movilidad trajera consigo mayor facilidad para la circulación del automóvil en los entornos escolares, se impediría el avance en estos programas”, matizan. 

También preocupa a las organizaciones convocantes la “posible pérdida de los fondos europeos concedidos por el MITMA” para “la mejora de la movilidad ciclista, la implantación del proyecto de ZBE y las actuaciones complementarias a la ZBE, que podría suponer la exigencia de devolución de más de 6 millones de euros ya concedidos, con un grave daño a las arcas municipales”, aseguran. 

Por todo ello, los convocantes han solicitado al equipo de gobierno municipal que “reconsidere su propuesta” y “se comprometa con la lucha contra el cambio climático y por la mejora de la calidad del aire en Valladolid”, finalizan.