El fiscal ha solicitado la apertura de juicio oral contra un abogado de Valladolid de iniciales J.R.S. por un delito estafa. Pide para él una pena de prisión de cinco años en un pleito que se va a celebrar en el Audiencia de Valladolid el próximo 12 de julio, desde las 9.30 horas de la mañana.

El escrito de acusación al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León apunta que durante el año 2012, una anciana de 75 años se puso en contacto con J.R.S.M., que pasaba por ser abogado en ejercicio, con el fin de consultar la posible solución a los problemas de humos con los que la mujer contaba en su vivienda ubicada en la calle Arzobispo Marcelo González. Problemas motivados por la caldera en el piso inferior.

El escrito explica que el abogado se dio cuenta de que la mujer vivía sola y carecía de familia cercana. Le hizo creer que dicho problema presentaba una gran complejidad y que el coste de los servicios que iba a prestar iba a ser de 60.000 euros. Dinero del que la mujer no disponía.

Finalmente, el letrado convenció a la víctima para firmar un contrato de compraventa respecto de la vivienda que era propietaria en Arzobispo Marcelo González, que se suscribió entre el acusado y la mujer el pasado 22 de marzo de 2013.

Entre las estipulaciones aparecen que María le vende al acusado la citada vivienda por un precio de 60.000 euros, en que se concreta el importe total de los honorarios del abogado, procurador y peritos necesarios para poder solucionar el problema de humos.

También, que se reserva el usufructo vitalicio de la vivienda y que el acusado se compromete a hacer frente a los gastos médicos y de residencia que pudiera tener la afectada hasta un máximo de 30.000 euros. En caso de que esos gastos rebasaran dicho límite, ese autorizaba al acusado a que pudiese alquilar la vivienda y destinar el importe a diversos gastos.

Para la solución de dichos conflictos, la perjudicada, con la asistencia letrada del acusado, presentó demandas ante la jurisdicción civil y en vía contencioso-administrativa, realizando también reclamaciones en otras instancias generando  así facturas que correspondían a costas, consultas, desplazamientos y demás que ascendían a los 68.194,08 euros, según relación estimativa del acusado en 2018.

El acusado no presentó liquidación del impuesto de Transmisiones Patrimoniales hasta el 1 de agosto de 2017 y no protocolizó este contrato ante notario hasta el 11 de noviembre de 2017.

La citada vivienda, según tasación pericial obrante en la causa, en marzo de 2013, tenía un valor de 134.942,72 euros, sin impuestos.

Se presentó denuncia por los hechos el 27 de diciembre de 2018 y la mujer falleció el 14 de marzo de 2019.

Los hechos, según el fiscal, son constitutivos de un delito de estafa y pide para el acusado una pena de cinco años de prisión.