La Guardia Civil ha investigado a un total de 48 agricultores y al responsable de una empresa de venta de semillas, por la compra-venta y siembra fraudulenta de semillas certificadas de cereal. El resultado de los análisis confirmó, que tanto la empresa como los agricultores investigados, empleaban semillas certificadas sin el pago del correspondiente canon.

Todo dentro de la ‘Operación ACESE’ en unos hechos que comenzaron en junio de 2021 tras una denuncia recibida, en la que en una empresa dedicada al servicio de acondicionamiento (limpieza y selección) de grano, ubicada en la comarca de Peñafiel, existían deficiencias graves en lo que se refiere a la cumplimentación de la documentación de trazabilidad del grano propiedad de algunos agricultores, como la entrada de vehículos agrícolas vacíos que posteriormente salían con cargados con grano  o semilla a granel. Se sospechaba que podría tratarse de variedades vegetales protegidas por la legislación nacional o de la Unión Europea (semillas certificadas).

Tras conocer los hechos, la Benemérita llevó a cabo una inspección en las instalaciones de la mercantil investigada, así como la documentación relativa a las actividades de dicha empresa.

Tras el estudio de la documentación aportada, se efectuó la recogida de muestras de espigas de trigo y cebada en las parcelas de las provincias de Valladolid, Palencia, Burgos y Segovia que se remitieron al Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria del Consejo Superior de investigaciones Científicas del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España para realizar los ensayos de campo.

Estos ensayos consistieron en la siembra controlada de las muestras de espigas de las semillas tomadas para poder certificar la variedad vegetal a la que correspondían, tras esperar un ciclo biológico (1 año).

Los resultados de los ensayos de campo determinaron que la mayoría de las muestras correspondían a variedades certificadas y protegidas de cebada y de trigo, todas ellas protegidas en el ámbito territorial de la Unión Europea en la normativa relativa a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. Igualmente, los ensayos detectaron el empleo fraudulento de la variedad vegetal protegida de cebada “CIB 333”.

Con el resultado de los análisis se acredita, que las variedades declaradas en los acondicionamientos (limpieza y selección de semillas) eran distintas a las que realmente fueron empleadas por los agricultores investigados, como quedó patente con los informes del Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Las semillas utilizadas fraudulentamente poseen derechos de los obtentores mediante el pago de un canon anual, o royalties que intentaban eludir con estas prácticas.

Ciertos agricultores no justificaban la compra legal de semillas certificadas, sospechándose que pudiera existir un mercado ilegal, ofertando las variedades más modernas, resistentes y costosas del mercado, a un precio más bajo del que pudiera corresponder.

A pesar de que los agricultores eran conocedores de la semilla certificada, declaraban el empleo de una variedad distinta en la (P.A.C.)

Ayudas de la Política Agraria Común

El reempleo de la simiente propiedad del agricultor para su autoconsumo es una actividad legal para determinadas variedades agrícolas, debiendo ser realizada por empresas autorizadas. Los agricultores y las empresas deben garantizar la trazabilidad de la semilla acondicionada (limpia y seleccionada), asegurando que ésta se corresponde con la entregada previamente por el agricultor, siendo competencia de las comunidades autónomas el control administrativo y técnico del proceso. Los agricultores que
se acojan al acondicionamiento de grano, deben primero comunicarlo al propietario de la patente y abonar un derecho cada vez que multipliquen la semilla, siempre que se trate de variedades certificadas protegidas.

Se exceptúa a los pequeños agricultores. Además, no pueden entregar a terceros su semilla acondicionada, ni, aunque se trate de variedades libres, pues esta actividad se consideraría comercio y todo grano que se comercialice debe ser certificado.Las actividades descritas se encuentran penadas como delitos de los relativos a la propiedad industrial, al mercado y a los consumidores, pudiendo llevar aparejada una pena de uno a tres años de prisión.

Por tales hechos, se instruyen Diligencias Policiales, siendo éstas remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid y copia de las mismas a la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Valladolid