Fumata blanca en el juicio contra Inés María Fernández-Salinero, la exconcejala del PP en Bobadilla del Campo, acusada de hacerse pasar por Hacienda y estafar a una amiga que había conocido en la guardería a donde llevaban a los hijos. Tras meses de intentos para la celebración del juicio, que ha sufrido varias suspensiones, la Audiencia Provincial de Valladolid ha dictado por fin sentencia, declarando a la ya procesada culpable por los delitos de estafa y falsedad, teniendo que cumplir una pena de prisión de 21 meses por el primero de ellos y seis meses por el segundo, es decir, dos años y tres meses.
Además, deberá pagar una multa de 1.080 euros, a razón de seis euros diarios durante seis meses. También tendrá que indemnizar a las víctimas, la madre de su amiga, con 1.350 euros, y al novio de esta, con 8.972 euros.
Los hechos se remontan a septiembre de 2019, cuando Inés María Fernández-Salinero conoció a la hija de la víctima en la guardería donde llevaban ambas a sus hijos, según se refleja en la sentencia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León. A raíz de esa relación de amistad, la mujer le explicó a la exconcejala de Bobadilla del Campo que su madre y algunos familiares habían heredado un piso que tenían intención de vender, pero que sobre él pesaba un embargo de Hacienda de más de 10.000 euros por una deuda que tenía su madre, lo que les impedía hacer la venta.
Fue entonces cuando la acusada, con el objetivo de enriquecerse, le comentó que conocía a un supuesto "alto funcionario" para que la madre de la amiga pudiera pagar su deuda fraccionadamente. Tras comunicarle que dicho proceso había sido autorizado, Inés María Fernández-Salinero le aportó un número de cuenta donde podría realizar los pagos, alegando que era de Hacienda, pero que en realidad la única titular de la misma era la propia exedil 'popular'.
La víctima, teniendo una creencia incierta del destino del dinero, comenzó a hacer entonces diferentes ingresos en la cuenta aportada por la acusada. Con el paso del tiempo, surgió un posible comprador del piso libre de cargas, por lo que la amiga de Inés María Fernández-Salinero le urgió a acabar de saldar la deuda, hecho para el que el novio de la madre realizó dos ingresos de algo menos de 3.000 euros. Fue entonces cuando la procesada aportó un documento modificado de la Agencia Tributaria que decía que la víctima estaba al corriente de pago.
Al llevarlo al registro, desde allí se notificó que el documento había sido modificado, haciendo que las víctimas entonces interpusieran la denuncia contra Inés María Fernández-Salinero, hoy condenada a dos años y tres meses de prisión.