La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que la implantación del nuevo modelo de Registro Civil en Valladolid -la próxima semana- se pretende llevar a cabo sin reforzar la plantilla, a pesar de que va a generar más trabajo. “Como siempre ocurre en el Ministerio de Justicia, se quiere hacer el cambio a coste cero, es decir, a costa de los funcionarios y de los ciudadanos, que van a ver resentido y deteriorado el servicio”, considera el responsable de Justicia de CSIF de Castilla y León, Juanjo Banciella.
El Ministerio quiere aplicar un sistema diferente para llevar el registro civil de cada ciudadano, a través del nuevo programa informático DICIREG, “pero no ha negociado las Relaciones de Puestos de Trabajo con las organizaciones sindicales. Tampoco se clarifican las funciones de los trabajadores, no se establece un marco competencial claro y, lo que es peor, no se dota del refuerzo de personal necesario, fiándose todo a la improvisación y a la responsabilidad de los propios funcionarios”, lamenta Banciella, cuando “sabemos que la adaptación y modernización del modelo generará retrasos en el tiempo medio de realización de las gestiones de los ciudadanos”.
Pese a que la Sala de Gobierno del TSJ ha solicitado que se aumente la plantilla del Registro Civil en Valladolid, “el Ministerio mira para otro lado y está dando la callada por respuesta”. Por desgracia, trata al Registro Civil de Valladolid como uno de segunda, señala Banciella, “puesto que nos consta” que otros registros civiles de características similares han visto sus plantillas reforzadas con la implantación del programa DICIREG.
No es la primera vez que no se aprueban refuerzos para órganos judiciales de Valladolid, cuando está plenamente justificado, insiste Banciella, Recuerda otras denuncias públicas del sindicato CSIF, por ejemplo, en relación a la situación de colapso que viven los Juzgados de Familia, o a la inaudita situación del Juzgado de 1ª Instancia 5 de Valladolid, que lleva sin cubrir la baja de un funcionario desde hace más de seis meses.
Y es que el trabajo del Registro Civil de Valladolid se va a ver incrementado, al convertirse los Juzgados de Paz de su partido judicial en meras oficinas colaboradoras. En este sentido, CSIF critica la indefinición en la que quedan sus funcionarios, “con unos medios tecnológicos muy deficientes, y la falta de formación y de reconocimiento adecuados”.
CSIF afea la actitud de un Ministerio que, de nuevo, “demuestra que es incapaz de resolver el colapso y los problemas de la Justicia, y que mantiene conflictos abiertos con diversos colectivos, como el de los funcionarios de los Cuerpos Generales, que puede recrudecerse en los próximos meses, sin que el Ministerio haya abordado la necesidad de solucionarlo ni de paliar sus consecuencias”.
Este sindicato independiente explica que este cambio en los registros civiles forma parte de la implantación efectiva de una Ley que se aprobó en el 2011, pero que se ha visto postergada hasta el 2021, “llegando tarde y mal”. Pese a que el Gobierno decidió sacar adelante la ley, lo ha hecho sin un nuevo reglamento. Esta circunstancia provoca una enorme inseguridad jurídica. Entre otras razones, porque se debe seguir aplicando un reglamento obsoleto que es del año 1958.