La Junta de Personal Docente de Centros Públicos no Universitarios de Valladolid ha denunciado el impago del segundo libramiento que tienen que recibir los centros educativos para los gastos de funcionamiento. Para ellos, "un recorte encubierto" que afecta a su día a día, "descabalando cuentas, organización e incluso alguna propuesta curricular".
"Con el ejercicio económico de 2023 cerrado, ningún centro ha recibido el segundo libramiento ordinario, aprobado y presupuestado", han denunciado desde la Junta de Personal en un comunicado.
Por ello, exigen a la Dirección Provincial de Valladolid y a la Consejería de Educación que se cumplan con lo presupuestado y que aclaren en qué ley se han amparado para tomar esta decisión. Asimismo, han manifestado que apoyan "todas las medidas de presión que desde toda la comunidad educativa se vayan a tomar", y han anunciado movilizaciones para "denunciar este nuevo recorte a la educación pública".
Según han aclarado en la misiva, los centros de educación Infantil y Primaria, cuyos gastos de calefacción y luz dependen de los distintos ayuntamientos, "no han recibido nada", mientras que los IES y centros de FP "solo disponen de una pequeña parte del presupuesto para gastos de luz y calefacción como concepto de libramiento extraordinario". Además, han revelado que algunos centros de adultos "no recibirán lo que necesitan para impartir módulos concretos".
"Ante el incumplimiento del presupuesto del año 2023, los centros se enfrentan a recortes en módulos de ciclos formativos, problemas para hacer frente a las facturas, e incluso hay proveedores que no quieren prestar sus servicios a los centros educativos por riesgo de impago", han añadido desde la Junta de Personal.
En este sentido, la organización ha recordado que las partidas presupuestarias de la Consejería de Educación "no pueden someterse a modificaciones injustificadas y caprichosas a finales de año, cuando los centros tienen elaborado un balance económico que se ajusta a unas necesidades de mínimos; presupuestos que han sido enviados y aprobados por la Dirección Provincial en tiempo y forma".
Entonces, se preguntan qué ha pasado con este dinero que estaba presupuestado y si se trata de un recorte encubierto que sólo recae sobre la Escuela Pública; y califican la decisión como "temeraria, injusta e improcedente".