La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral contra dos ciudadanos de origen rumano por un delito continuado contra los derechos de los trabajadores y pide, para cada uno de ellos, cuatro años de prisión. El pleito se celebrará el próximo jueves, 29 de febrero, en la Audiencia de Valladolid. 

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, apunta que el acusado Dumitru U. conocido como Martín y de nacionalidad rumana, actuaba en condición de empresario individual con su empresa ubicada en la Avenida de la Constitución de Medina del Campo, en la provincia de Valladolid. Una compañía que se dedicaba a la prestación de servicios agrícolas en la que también colaboraba, aunque sin estar dada de alta, su compañera sentimental y también acusada en el proceso: Carmen T., también de nacionalidad rumana, que, según apunta el escrito, gestionaba en igualdad de condiciones, los recursos humanos empleados en la compañía, y se encargaba de contratar a los jornaleros y organizar la actividad.

La Fiscalía apunta que ambos acusados “se han dedicado desde el año 2019 a la captación de personas extranjeras” principalmente “en situación de estancia irregular en territorio español” para “hacer trabajos agrícolas, imponiéndoles unas condiciones laborales que contravenían en perjuicio de los mismos en la materia para el sector”. Se aprovechaban de “la necesidad acuciante de los trabajadores para subsistir dada su imposibilidad de trabajar de manera legal”.

En esta situación, como apunta el Ministerio Fiscal, tres ciudadanos de nacionalidad marroquí. Estas personas se encontraban “en situación irregular, lo que se trataba de mitigar por los acusados entregando a los mismos documentación de otros trabajadores de origen rumano en situación legal”.

Los trabajadores desarrollaban su jornada laboral de 8 a 22, sin contrato ni alta en la Seguridad Social de lunes a domingo y sin días libres ni vacaciones por un salario de 5,50 euros la hora, debiendo de pagar 3 euros diarios de transporte los perjudicados al día.

La Fiscalía apunta que los hechos son constitutivos de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores y pide para cada uno de los acusados penas de prisión de 4 años. Además, deberán de indemnizar a dos de estos trabajadores con 4.000 euros a cada uno.