La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral contra dos personas por un delito de falsedad de certificación y otro de estafa por manipular pruebas COVID-19 para evitar ser desahuciados. El juicio se va a celebrar el 31 de enero en la Audiencia de Valladolid.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, pide la apertura de juicio oral ante la Audiencia de Valladolid formulando acusación contra María Jesús C.M. y Francisco Javier F.S.

Explica que la acusada es nacida en diciembre de 1963 y sin antecedentes penales, y el acusado, nacido en julio de 1960, y tampoco tiene antecedentes penales.

Los acusados, incursos como demandados en juicio verbal por desahucio que se siguió en el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Medina del Campo, con ánimo de demorar la recuperación de la posesión de la vivienda en la que residían, “confeccionaron varios informes de pruebas COVID-19 haciendo constar que la PCR había dado positivo”. Los aportaron al procedimiento como justificante para que “el lanzamiento programado no tuviera lugar”.

En concreto, apunta el escrito, la acusada, presentó dos informes a su nombre de fecha 4 de febrero de 2021 y 18 de febrero de 2021 en los que se hacía constar que era positivo en coronavirus. El acusado, otros dos de igual fecha y contenido que provocaron la suspensión de los lanzamientos programados por el juzgado para los días 10 de febrero de 2021 y 3 de marzo de 2021.

Compraba la autenticidad de los documentos, se pudo constatar que la única prueba COVID-19 a la que se sometieron los acusados fue a fecha de 24 de abril de 2021 dando ambos casos resultado negativo.

La Fiscalía apunta que los hechos narrados son constitutivos de un delito continuado de falsedad de certificación y otro de estafa del que serían culpables los acusados.

Pide para cada uno de ellos penas de prisión de cuatro años y una multa de 10 meses a razón de una cuota diaria de 10 euros. También les condena a pagar las costas.