Los parlamentarios del PP por Valladolid, Arenales Serrano y Eduardo Carazo, han presentado lo que consideran la primera Ley Feijóo, puesta en marcha en el Senado donde cuentan con mayoría absoluta, para desalojar a los okupas en 24 horas. Los populares palentinos han asegurado que esta Ley antiokupación plantea cambios que permitirán “proteger la propiedad privada, endurecer las penas por okupación ilegal, facilitar el desalojo de los okupas en 24 horas e impedir el empadronamiento en las viviendas okupadas”. Eso sí, posteriormente esta ley tiene que ir al Congreso, donde ya no cuentan con mayoría, pero en este caso se apoyan en “la inestabilidad” del Gobierno de Pedro Sánchez para buscar posibles apoyos en Junts o PNV.
Las dos formaciones, socios del Gobierno de PSOE y Sumar, han apoyado también, con su abstención, la tramitación de la ley, que salió adelante esta semana con 147 votos a favor, 104 en contra y 9 abstenciones, y esta es la esperanza que mantienen los senadores populares. De volver a mostrarse en el Congreso a los diputados, supondría la aprobación total de la ley a pesar de la oposición socialista.
Los populares usan esta primera ley impulsada en el Senado para poner sobre la mesa la situación que está viviendo el Congreso donde apenas hay actividad porque “solo piensa en la ley de amnistía” y que el PSOE no pone nada en marcha “porque saben que no va a sacar nada adelante en su gobierno de “mayoría Frankestein” apoyada “en separatistas”.
También incluye los delitos en los procedimientos de enjuiciamiento rápido, se establecen penas para aquellos que alienten o fomenten la okupación, y habilitará a las comunidades de propietarios para que puedan actuar en los procesos judiciales contra los okupas y adoptar medidas preventivas.
Casos en Valladolid
En España se calcula que hay 100.000 inmuebles ocupados ilegalmente y es un fenómeno que no ha dejado de crecer desde que Sánchez gobierna, incrementándose las denuncias por okupación en un 37% desde 2018. Unas cifras que según los senadores vallisoletanos en esta provincia asciende a 66 casos, poniendo como ejemplo lo que ocurre en localidades como Santovenia, Arroyo de la Encomienda o en la ciudad, en el barrio de Las Delicias, concretamente en la calle Caamaño, donde los propios senadores fueron testigos de la okupación de casas cuando las personas de mayor edad se marchan durante el verano a su segunda residencia en pueblos.
Por su parte, el diputado Eduardo Carazo opina que “frente a lo que hace el Gobierno de Sánchez, que está centrado en blanquear a delincuentes y con una política de vivienda con los peores resultados, el PP trabaja para defender y proteger la propiedad privada, la de todos”.
Para la senadora Arenales, “la situación es alarmante e insostenible”, y ha recordado que en muchos países de Europa se puede desalojar en 24 horas y en España la media es de más de un año y medio de tiempo. Además ha insistido en que la Proposición de Ley recalca que la ocupación ilegal de viviendas, no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución Española sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes.