La Asociación Vecinal La Calle de Laguna de Duero ha denunciado, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, el “autoritarismo radical” del alcalde de la localidad, Avelino Álvarez al “impedir” a esta agrupación que “pueda preguntar en los plenos”, después de que, como apuntan en el escrito de apenas dos páginas, “registraran cuatro preguntas con tiempo y antelación suficiente y vía sede electrónica”.
Las aguas en el municipio vallisoletano no bajan, ni mucho menos, en calma, con la polémica tras cesar el alcalde al jefe de Protección Civil y después de que la concejala de Seguridad se apartara de la gestión de dicha agrupación. Ahora, las quejas vienen de otro lado.
“Son tres de las preguntas registradas en fecha de 4 de enero y una en conjunta con la Asociación Local Ateneo en fecha 19 de enero de 2024. Contamos con la confirmación de que secretaría las tramitó a Alcaldía. Sin embargo, el alcalde afirmó que no habían llegado dos de ellas y de forma radical no permitió su exposición. Para nuestra asociación, este hecho es una censura más que entendemos tiene que ver con la motivación de las preguntas: problema de la vivienda de alquiler y ordenanzas fiscales. No es un proceder nuevo y se está convirtiendo en habitual la vulneración del derecho a participar cuando por óptica ideológica no gusta el contenido al actual alcalde”, apuntan desde La Calle.
Desde la asociación recuerdan que la Ley 29/1994 de arrendamientos urbanos establece una serie de obligaciones tanto para el arrendatario como para el arrendador. Añaden que la norma “también prohíbe aumentar las rentas de alquiler a razón de nuevos gastos, que “obligarían a los inquilinos a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro gasto no atribuible al inquilino que no estuvieran acordadas previamente", lo que evitará "una posible vía para el fraude de ley" y se eliminarán "las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la ley de existir un acuerdo entre las partes".
En la exposición apuntan que el Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI, por norma general, “es responsabilidad del arrendador” y “no puede obligar al arrendatario a pagarlo”.
En Laguna de Duero “el precio de los alquileres está desbocado, y sube de forma exponencial por encima de IPC” y además “muchas propiedades en manos de Testa, perteneciente a fondos de inversión, establecen cláusulas abusivas”, argumentan desde la asociación de Laguna.
“El coste medio de la hipoteca o el alquiler (contando gastos) superan el 30 % de los ingresos medios de los hogares en esa zona (alcanza en muchos casos 600€). El precio de compra o del alquiler en los últimos 5 años ha experimentado un crecimiento acumulado de al menos 3 puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del IPC en la comunidad autónoma. Ambas son condiciones no indispensables, es decir que pueden darse una u otra para pedir la declaración de zona tensionada. Con ello aplicar la vigente Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda”, argumentan desde la Asociación Vecinal La Calle.