El presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, ha exigido este martes al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, la convocatoria "urgente" de la Mesa General de Empleados Públicos ante una oleada de jubilaciones y un alto número de vacantes en provincias como Valladolid. Una reclamación que se enmarca por la necesidad de tratar asuntos como las plantillas y salarios de los trabajadores, dos temas que son "transversales y que tienen muchísimo recorrido de negociación".
Así, ante una situación cada vez más "tensionada" con un 31% de vacantes y un 35% de empleados próximos a jubilarse en provincias como la de Valladolid, Castro ha hablado de que con el Ejecutivo autonómico hay un "problema", ya que solo se están sentando en aquellas mesas que la Ley "indica la necesidad y obligación de convocar". "No hay voluntad ni ambición de continuar el proceso de modernización que iniciamos hace tres años cuando conseguimos la carrera profesional, los fondos adicionales o la reimplantación de la jornada de 35 años", ha recalcado.
Castro se ha reunido este martes con los portavoces de CSIF Valladolid en materia de Sanidad y Administración General, Javier Hernando y Gloria Prieto, para conocer el estado de los empleados públicos en la provincia y darles a conocer también la situación en toda la Comunidad.
El máximo representante de CSIF en Castilla y León ha señalado que hay dos cosas que les "preocupan" especialmente, como es el "estado de los salarios" de los empleados públicos y sobre el cual están "doblemente castigados" en el caso de los que son personal laboral. "Llevamos una acumulación de pérdida de poder adquisitivo que ronda el 20% y el mal acuerdo firmado con otros sindicatos sobre la modernización de la Administración para el siglo XXI ha supuesto una pérdida acumulada a mayores del 5,8% de media", ha aseverado.
También ha cargado contra el convenio colectivo único firmado el pasado verano con la Junta de Castilla y León, el cual desde CSIF no rubricaron, al que consideran "insuficiente y una oportunidad perdida".
En el marco de la tramitación de los Presupuestos Generales de la Comunidad para este 2024, Castro ha explicado que desde 2010 han subido un 30%, mientras que la vida se ha visto incrementada en un 33,2%, por lo que "algo no cuadra". "La Administración autonómica en esos tramos sí tiene la posibilidad de aumentos que tenemos que tratarles", ha matizado.
El representante sindical también ha rescatado la petición que le hicieron a la Consejería de Sanidad hace ya un tiempo para dar una "singular fiscalidad" para cubrir los puestos de este sector y también en la Administración General y ha puesto de ejemplo que en la "mayoría" de las agrupaciones comarcales agrícolas hay un funcionario haciendo "el trabajo de cuadro", lo que hace que la tramitación de la PAC se dilate, uniéndolo así a las reivindicaciones de los agricultores en estas semanas.
CSIF ya propuso que a lo largo de los próximos tres años se estudiara el reforzar las plantillas y cubrir al menos las orgánicas, pero no han obtenido respuesta al respecto. "En Sanidad necesitamos cubrir la plantilla orgánica, en algunas provincias ronda el 30% de cobertura sin cubrir. Hay que abordar esas ofertas de empleo público necesarias y ambiciosas", ha subrayado.
Así, ha advertido que en los próximos 15 años alrededor del 48% de los cerca de 90.000 empleados públicos en plantilla se van a jubilar.
Preguntado sobre el capítulo de personal en los PGC, que es uno de los voluminosos, sobre si se necesita más dinero, Castro ha puntualizado que el lenguaje presupuestario es "complejo". "Cuando el consejero Carriedo hablaba de techo de gasto y cifras de récord, hay que ver el esfuerzo presupuestario. El capítulo es muy grande, al final la Junta tiene competencias tan arduas como sanidad y educación, pero hay que ver que porcentajes de esfuerzo presupuestario hay", ha aclarado.
En este sentido, ha señalado que, por ejemplo, tras conseguir una elevación de la cuantía de indemnización por kilometraje, pasando de los 0,19 a los 0,26 céntimos por kilómetro actuales, el esfuerzo es "menor que hace cinco años". Además, ha avanzado que tienen un estudio, que aún no está cerrado pero bastante avanzado, que pone de manifiesto que Castilla y León es la tercera comunidad "por la cola" en el pago a sus empleados públicos.
"No solo hablamos de las comunidades con más riqueza, hablamos de esas que en teoría no son de las ricas y que tienen a sus empleados públicos en algunas categorías con un 20% más de salario como Extremadura o un 30% en Galicia. Necesitamos atraer y retener talento, pero de esta manera es muy difícil", ha zanjado.