Después de varios días de descanso, esta mañana se ha reiniciado el juicio de 'La Perla Negra' que se sigue desde el pasado día 26 de febrero en la Audiencia de Valladolid. En esta ocasión el testimonio del presidente ejecutivo de Estudio Lamela Arquitectos, Carlos Lamela, ha sido uno de los más destacados al tasar el coste final de la ejecución de la obra del Centro de Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla y León, en Arroyo de la Encomienda, en 33,8 millones de euros, más el correspondiente IVA.
Eso sí, el testigo ha apuntado que la cifra total solo incluía la ejecución de las obras, no así el precio del solar, algo que Lamela y Asociados "desconoce en el 99% de los casos”.
La mañana en la Audiencia ha sido breve ya que se ha renunciado a varios testigos. Además, el juez ha adelantado que el próximo 3 de abril finalmente no tendrá que testificar Ramiro Ruiz Medrano en su calidad de presidente de la Diputación de Valladolid, ya que desde mañana martes el juicio se centrará en la compra de terrenos para el fallido polígono industrial en Portillo.
Por su parte, el presidente del desaparecido grupo inmobiliario Mahía, Ramón López Casal, que fue condenado en el 'caso Arroyo' a una pena de tres años de privación de libertad y siete de inhabilitación como inductor de un delito de prevaricación y autor de un delito de cohecho, aseguró que el precio de venta de la parcela que ocupa el edificio rondó los doce millones de euros, IVA aparte, con una extensión de alrededor de hectárea y media y “mucha edificabilidad”. Según apuntó, el contrato privado de venta se firmó en 2005 con la consecuente entrega de una señal de “un 10 por ciento como mínimo”, si bien la firma de la escritura pública definitiva se retrasó hasta el ejercicio siguiente por intereses de la empresa vendedora.
De esta manera ha confirmado que fue Germán José Martín Girado, uno de los encausados y administrador de Urban Proyecta, quien a inicios de 2005 se interesó por la adquisición de una parcela y lo hizo casi un año antes de que el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicara el concurso de la Agencia de Desarrollo Económico para licitar el arrendamiento con opción a compra.
También ha declarado la técnico en Parques Tecnológicos de Castilla y León, Lourdes Barrio, quien en la época investigada trabajaba en el Departamento de Contabilidad de Parques Tecnológicos de Castilla y León. La testigo ha confirmado con contundencia que "todas” las facturas relacionadas a la compra del edificio de 'La Perla Negra las firmaba el consejero delegado de Gestural" y principal encausado, Rafael Delgado
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