La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a cuatro años, seis meses y un día de prisión por un delito continuado de malversación a una extrabajadora administrativa de Villamarciel y Villavieja del Cerro entre 2011 y 2020 por haberse quedado con casi 158.000 euros de fondos públicos que procedían de ambas entidades locales.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León, la mujer ha sido condenada por un delito continuado de falsedad documental, así como malversación con un atenuante de ludopatía leve que la mujer padecía. Una condena que ha sido dictada por el jurado popular y, por tanto, no es firme puesto que cabe contra ella un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Castilla y León en un plazo de diez días.

En la sentencia también se recoge que debe abonar 76.614,68 euros a Villamarciel y 81.417 euros a Villavieja del Cerro. La acusada fue contratada de manera indefinida el 9 de noviembre de 2011 para prestar servicios en ambas entidades locales menores, ambas pertenecientes a la demarcación del Ayuntamiento de Tordesillas.

La acusada se encargaba de "desviar fondos de ambas entidades" a través de dos mecanismos diferentes. Desde 2016 se apropiaba del dinero que los vecinos "pagaban en metálico al Ayuntamiento por conceptos como basura o agua". Asimismo, firmaba una carta de pago o recibí en el espacio del interventor "sin especificar su nombre o función". En ambas llegó a desviar casi 160.000 euros. 

81.147 pertenecen a Villavieja y los otros 76.614 a Villamarciel. Este dinero fue desviado a dos cuentas de su propiedad y otra que era de su entonces pareja. Las transferencias las realizó fingiendo pagos a proveedores por distintos servicios, Una cuantía a la que se le suman otros 1.000 euros por el cobro en metálico.

La trabajadora alegó que esta situación se debía a su grave adicción al juego ya que compraba de manera incontrolada décimos de lotería y cupones confiando en que en algún momento tendría algún premio y podría devolver el dinero.

La acusada, asimismo, ha manifestado que las adicciones que padecía le hicieron "perder el control de los impulsos". Y es que, cabe destacar, que tenía una precariedad económica debido a que su madre es enferma dependiente y su hermana tiene parálisis cerebral. 

Durante el juicio, el secretario interventor delegado del Ayuntamiento de Tordesillas, a quien en junio de 2019 le pidieron revisar las cuentas de ambas entidades locales, aseguró que al iniciar su labor se dio cuenta de la situación de estas pedanías. Ninguna tenía fondos para pagar las facturas.

Por todo ello, la extrabajadora deberá cumplir una condena de cuatro años y seis meses, así como pagar el dinero estimado a ambas entidades locales.