La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid ha ordenado la búsqueda y detención del proxeneta paraguayo J.A.M.G. que tenía que haberse presentado este miércoles al juicio por un presunto delito de aprovechamiento de la prostitución ajena después de captar mujeres de su nacionalidad en situación de necesidad económica de las que supuestamente se aprovechaba para explotarlas.

Así lo han confirmado fuentes judiciales a este periódico, que han matizado que no había sido posible citar al acusado para el juicio al no dar con su paradero. Asimismo, han informado que el tribunal ha decretado la orden de busca y captura y ha dejado la vista suspendida a la espera de su localización para fijar una nueva fecha para el señalamiento.

La Fiscalía Provincial de Valladolid pide tres años de cárcel para este hombre por presuntamente aprovecharse de la situación de necesidad de las mujeres a las que captaba y ejercían voluntariamente la prostitución en un piso de la capital vallisoletana propiedad del acusado, que aprovechaba su contexto de necesidad económica para imponerlas normas casi de reclusión.

Condiciones que iban desde quedarse el 50% de lo cobrado por los servicios, hasta poder salir de la casa únicamente una hora al día y librar dos días de cada 15. En el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, el ente público relata que al menos desde el mes de junio de 2020 y hasta el 17 de marzo de 2021, el acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales, se dedicaba presuntamente a explotar la prostitución ajena en un piso de la calle Nicasio Pérez de Valladolid.

En su escrito, la Fiscalía de Valladolid señala que el hombre captaba mujeres de su misma nacionalidad, en situación irregular y con escasos recursos económicos para poder subsistir, que accedían a la ejercer la actividad con las condiciones que él las imponía dado que era el propio acusado quien las alojaba, insertaba los anuncios en la página del sector y enviaba a la chica que consideraba adecuada para el servicio solicitado.

Asimismo, llegaba incluso a cobrar el servicio íntegro cuando este se realizaba por medios electrónicos de pago. En el piso referenciado, siempre según la Fiscalía de Valladolid, el número de chicas oscilaba siempre entre cuatro o siete, quienes se comprometían a entregar el 50% de lo cobrado y se enfrentaban a multas pecuniarias en caso de incumplir las normas fijadas.

Normas que además de poder salir una hora al día del domicilio o librar dos días de cada 15 y nunca en fin de semana, también fijaban la obligatoriedad de atender bien a los clientes, la prohibición del uso del teléfono móvil cuando se estaba en un servicio, estar siempre "arregladas y peinadas" las 24 horas del día, avisar cinco días antes si se quería librar, si se llamaba a la puerta había que salir urgentemente de la habitación y ser limpias y ordenadas pues todas eran controladas por minutos.

El escrito de acusación de la Fiscalía de Valladolid, también recalca como dato relevante que cuando el acusado no se encontraba en el piso, contaba con un sistema de videovigilancia mediante cámaras para controlar a las mujeres permanentemente. Fue el 17 de marzo cuando se constató la presencia de cuatro mujeres en la situación descrita por el ente público, reclamando los hechos tan solo una de ellas.

Para la Fiscalía de Valladolid estos hechos son constitutivos de un presunto delito de aprovechamiento de la prostitución ajena, reflejado en el artículo 187 del Código Penal. Por ello, creen pertinente la imposición de una pena de prisión de tres años, una multa de 18 meses con una cuota diaria de 20 euros, tres años de libertad vigilada y el pago de 10.000 euros a una de las víctimas en concepto de daño moral.