Sentencia pionera: el TSJCyL obliga a la Policía Nacional a pagar la ropa a un agente que trabajaba de paisano en Valladolid

El sindicato Jupol ha informado, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, que, a través de sus servicios jurídicos ha logrado que en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León “se dicte por primera vez una sentencia” en la que “se reconoce el derecho de un agente de la Policía Nacional a percibir indemnización por vestuario” desde “hace cuatro años hasta la actualidad” y “mientras siga prestando sus servicios habituales con ropa de paisano”.

Una indemnización por la que la sala del TSJCyL ha determinado que “se le deberá abonar la misma cantidad que perciben los agentes que desempeñan sus labores” en los servicios de protección dinámica de personalidades, que está fijada, a día de hoy, en los 148,64 euros al año más los intereses legales correspondientes. Del mismo modo, desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se han impuesto las costas procesales a la administración.

Para Jupol, esta sentencia judicial “demuestra nuevamente la dejadez de la Dirección General de la policía” en relación a “los derechos reconocidos para sus agentes” los cuales “vienen haciendo oídos sordos de manera reiterada a las reclamaciones de los agentes” y “es la justicia la que tiene que obligar a la Administración a cumplir con sus obligaciones”.

Una situación, según Jupol, que “supone una merma en las condiciones sociolaborales de los agentes y un cargo económico para la Administración” que “tiene que asumir las indemnizaciones con intereses y con las costas judiciales pertinentes”, aseguran.

Por último, apuntan que “resulta curioso” que “en todos los procedimientos de este tipo que se han ganado, 14 ahora en toda España” la abogacía del Estado “se está allanando en un intento de evitar la condena de costas a la Administración”. Aún así, añaden, la Dirección General de la Policía “mantiene su postura de negarse a responder a las reclamaciones de los agentes, obligando a los agentes a acudir a la vía judicial” y “contratando un abogado y procurador” lo que supone “perder este dinero al que tienen derecho”, finalizan.