“Condenamos a Alfonso Centeno, como responsable en concepto de autor de un delito continuado de prevaricación administrativa, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de 9 años y 1 mes de inhabilitación especial para empleo o cargo público”, reza la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Valladolid.
Todo, dentro del conocido caso del despilfarro de Meseta Ski, que pasó por el tribunal vallisoletano allá por el mes de junio y en que hoy EL ESPAÑOL de Castilla y León ha podido conocer la sentencia del mismo.
A Alfonso Centeno, el alcalde de Olmedo aún, aunque se diera de baja del Partido Popular cuando se conoció que debía ir a juicio, también se le condena al pago de una cuarta parte de las costas procesales, sin incluir el pago de las costas de la acción popular. Era, por aquel entonces, vicepresidente de la Diputación de Valladolid.
Además, la Audiencia de Valladolid también condena a Pedro Pariente, exalcalde de Villaverde de Medina y exvicepresidente de Sodeva, como responsable en concepto de autor de un delito de prevaricación administrativa, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de 7 años y 3 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y, también, al pago de la cuarta parte de las costas procesales, sin incluir el pago de las costas de la acción popular.
Por su parte, se absuelve a Valentín González, arquitecto de Sodeva del delito continuado de prevaricación administrativa del que fue acusado en el presente procedimiento y también a Luis Torroglosa, exjefe de Servicio de Urbanismo.
Contra la sentencia, a la que ha tenido acceso ese periódico, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo dentro de los diez días siguientes a la notificación de una sentencia fechada a 12 de septiembre.
El juicio
Era el 17 de junio cuando arrancaba el juicio por el Caso Meseta Ski contra estas cuatro personas. La Fiscalía pedía, tanto para Centeno, como para los otros tres acusados, un total de siete años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público en relación al proyecto de las pistas de esquí seco del proyecto en Villavieja del Cerro, en la localidad de Tordesillas. Unas obras que arrancaron en el 2006 pero que fueron desmanteladas en 2018.
Ecologistas en Acción en Castilla y León y el grupo provincial de Toma La Palabra, pedían 11 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación para los tres acusados y más de 11 millones de euros solidarios a entregar a Sodeva y a la Diputación de Valladolid.
Desde Ecologistas en Acción afirmaban que el fallido proyecto “ha sido un despilfarro absoluto y manifiesto en una obra que, como todo el mundo sabía, era ilegal” y llamaba a que los responsables “fueran condenados”.
Los hechos
Los hechos, como narraba el escrito de acusación de la Fiscalía, se remontaban al año 2006. Fue ahí cuando Sodeva planteó abrir el centro de deportes de invierno. Encargó un informe para analizar la localización para establecer una pista de esquí sintética en la provincia.
El escrito de Fiscalía apuntaba que el estudio que consta en la documentación de Sodeva tomaba como referencia una pista que se estaba llevando a cabo en Francia y proponía su localización en Tordesillas con una inversión prevista de 5 millones de euros para hacer una pista de 30 por 20 metros para principiantes y otra de 300 metros por 50 metros de ancho para los más avanzados.
El Consejo de Administración de Sodeva aprobaba, el 27 de marzo de 2006 y por unanimidad, la redacción del proyecto técnico de ejecución, dirección de las obras y ejecución de las mismas, por dos años y en Villavieja del Cerro, por importe máximo de 4.060.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Sería en abril cuando se solicitó al Ayuntamiento de Villavieja del Cerro la cesión gratuita de terrenos para la construcción primero y la explotación después.
La Fiscalía apuntaba que el presupuesto “superaba con creces el capital de Sodeva, sin que conste acuerdo alguno de la Diputación que amparara el notable exceso en el coste previsto del proyecto” adjudicado finalmente el 12 de junio a Corsan-Corviam Construcciones S.A., que “percibiría unos ingresos por el abono de gastos de la obra de 4.060.267 euros” y “unos ingresos, por dos años, de la explotación de servicios de 2.257.122 euros”.
El escrito añadía que, en lugar de arrancar con los trabajos, tras ser adjudicado el proyecto, “a instancias de Alfonso Centeno, se propuso reconsiderar la opción de longitud y superficie elegidas para el complejo, sin que conste informe alguno que justifique la necesidad” para construir una pista de 9.600 metros, con una longitud mínima de 280 metros más otra pista de 900 para principiantes” incrementándose el coste a los 7.498.962,74 euros.
La Fiscalía, en su escrito, apunta además que “los trabajos se iniciaron sin ajustarse al proyecto ofertado y adjudicado” sino “conforme al nuevo proyecto solicitado a la constructora” y “sin que fuera tenido en cuenta a la hora de obtener licencias urbanísticas y medioambientales” y “sin la aprobación el Consejo de Administración de Sodeva que no emitió voto favorable hasta el 17 de noviembre de 2006”.
Las obras serían suspendidas, de forma cautelar en noviembre de 2006 por el Ayuntamiento de Tordesillas. Se reanudaron a finales del mes de enero de 2007. Ahí comenzaron los problemas con las licencias de la obra de construcción que dieron lugar a expedientes sancionadores y a la apertura del procedimiento judicial en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid. Se paralizaron cautelarmente los trabajos.
A principios de 2009 se dictaba sentencia anulando la concesión de licencia ambiental y de obras en una decisión ratificada en abril de 2010 y en verano de ese mismo año se desestimó la autorización de uso excepcional en suelo rústico.
Se declaró su inconstitucionalidad y nulidad el 7 de octubre de 2014 y en 2018 las obras fueron parcialmente demolidas para dar cumplimiento a la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de Valladolid.
Comunicado del alcalde de Olmedo
Recibida por mis abogados la notificación de la sentencia en la causa conocida como 'Meseta Esquí' hago público el siguiente comunicado:
"Mi respeto absoluto a la sentencia, a pesar de no estar de acuerdo con ella, por lo que, siguiendo el consejo de mis abogados, actuaré utilizando los medios que en derecho me asistan, ante una sentencia que no es firme pues cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Del mismo modo, será en el seno de mi familia donde tome la decisión que corresponda.
En mis más de 30 años dedicado a la vida pública, SIEMPRE, he actuado conforme a mi leal saber y entender, siguiendo las indicaciones de los técnicos que, en cada momento, tenían que visar todas y cada una de mis decisiones administrativas y, SIEMPRE, buscando la mejora del bien común y el bienestar de las personas.
Agradezco el apoyo recibido, en todo este tiempo, de mis vecinos de Olmedo que han sido quienes, con su respaldo mayoritario, me han impulsado para llevar a cabo mi tarea en favor de mi municipio, de mi provincia y de mi comunidad autónoma. Lamento, y por ello pido disculpas, si esta decisión judicial les causa algún tipo de perjuicio.
En los próximos días, una vez meditadas todas las valoraciones, haré pública mi decisión en cuanto a mi continuidad al frente del ayuntamiento, en tanto no haya sentencia firme que me aparte definitivamente del servicio público".