Este miércoles, 18 de septiembre, se va a celebrar en la Audiencia de Valladolid el juicio contra dos empresarios acusados de crear empresas con “similares actividades y plantillas” con el objetivo de “estafar a la Seguridad Social y acceder a ayudas de fomento del empleo”.

Se van a sentar en el banquillo de los acusados dos hombres para los que la Fiscalía pide más de 14 años de cárcel por fraude a la Seguridad Social, estafa y falsedad de documento público y el pago de multas e indemnizaciones que superan el medio millón de euros.

Los hechos, como apunta el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, se remontan al año 2015, cuando R.F.M. “Tramó un plan directamente encaminado a defraudar a la Tesorería General de la Seguridad Social, consistiendo dicho plan en la creación de sucesivas empresas con similares actividades”.

“En el desarrollo de su actividad defraudatoria, una vez que algunas de las empresas acumulaban deudas, las dejaba sin actividad continuando con la misma bajo la apariencia de la constitución de otra empresa distinta”, apunta el escrito de la Fiscalía.

Para llevar a cabo cito plan “contó con la participación del también acusado A.C.P. dada la relación de confianza con el acusado, que era su pareja sentimental, que accedió a ser dado de alta como empresario individual y a figurar como administrador de otras empresas que, en realidad, eran gestionadas por R.F.M”. 

Como apunta dicho escrito, entre el 26 de marzo del año 2015 y el 5 de febrero de 2018, llegaron a crear un total de siete sociedades mercantiles. Durante estos años, como señala la Fiscalía, la deuda ascendió a los 65.345 euros, sin tener en cuenta ni los recargos correspondientes ni los intereses.

El Ministerio Fiscal apunta que el principal acusado R.F.M. se valió de esta creación de sociedades con el fin de presentar ante entidades públicas y privadas “diversas solicitudes de ayudas centradas en el fomento del empleo”.

El propio R.F.M., o a través de la persona que “figuraba como administradora única de la sociedad solicitante” procedía a “comunicar a los trabajadores en cuyo beneficio se iba a obtener la subvención el cese de su relación laboral para darles de nuevo de alta en otra de las sociedades”.

El Ministerio Fiscal añade que “para poder acceder a las ayudas” el acusado, solo o por terceros a sus órdenes, “simulaba la celebración con el trabajador de un determinado contrato subvencionable que era comunicado a la entidad concedente de la ayuda”.

El escrito apunta que “no se ajustaba a la relación laboral real” ya que “obligaba al trabajador a firmar un acuerdo privado por el que renunciaba a parte de los derechos que atribuía el supuesto contrato”.

Para R.F.M. la Fiscalía pide cuatro años de prisión por el delito de fraude a la Seguridad Social, tres más por el de estafa y otros tres por un delito continuado de falsedad en documento público. 10 años de cárcel en total. Además, se le reclama una multa de 250.000 euros.

Para A.C.P. el Ministerio Fiscal pide tres años de cárcel por un delito de fraude a la Seguridad Social y un año y tres meses por otro delito de estafa. Cuatro años y tres meses en total de privación de libertad y una multa de 190.000 euros.

A ambos acusados se les pide que indemnicen a la Seguridad Social con 65.345 euros de multa y a la Fundación Mapfre con 8.707 euros.