Castilla y León

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Zamora

86 medidas contra la brecha salarial y mejora de la conciliación

4 septiembre, 2018 15:17

Los procuradores del Partido Popular por la provincia de Zamora han expuesto esta mañana el contenido del Proyecto de Ley de medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y a la eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno Autonómico.

Isabel Blanco, Emilio Cabadas y Manuela Crespo, han resaltado que este proyecto prevé 86 acciones, 51 de ellas de conciliación, 23 dirigidas a la eliminación de la brecha salarial de género y otras 12 de carácter transversal o general y el coste estimado derivado de la implantación de la ley es de 121,5 millones de euros al año y que podrían revertir en Zamora casi 10 millones de euros.

De esta forma, el Gobierno de Castilla y León es el primero de España en aprobar una norma en esta materia que se enfoca hacia dos grandes retos unidos: la conciliación y la corresponsabilidad y la eliminación de la brecha salarial de género. En este sentido, por un lado se refuerza la conciliación de las personas y las familias, impulsando un conjunto integrado de medidas para hacer efectiva la conciliación de vida personal, familiar y laboral de mujeres y hombres, favoreciendo la igualdad de oportunidades, la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y, por otro, y como segundo gran reto, se pretende garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la promoción laboral con la finalidad de eliminar la brecha salarial de género.

Además, es una ley adaptada a la realidad territorial de Castilla y León que da especial prioridad al ámbito rural, con objetivos como fomentar la natalidad para evitar la despoblación especialmente en zonas rurales; establecer el impulso a la creación de centros infantiles de 0 a 3 años, nuevas formas de cuidado de personas, además del acceso prioritario y atención a las particularidades de personas y familias que residen en el medio rural.

También es una ley diseñada para la realidad social actual, ya que atiende a las particularidades de la diversidad de modalidades de familia y promueve el acceso prioritario de las familias numerosas y monoparentales, especialmente de aquellas con menos recursos, víctimas de violencia de género y de las personas y familias que residen en el medio rural de la Comunidad, a las medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral que adopten.

Al mismo tiempo, es una ley que incorpora un concepto amplio de conciliación, que otorga especial importancia a la sensibilización y formación, que impulsa la innovación social, aprovecha las nuevas tecnologías para impulsar la conciliación y apuesta por medidas novedosas, que establece la obligatoriedad de una planificación periódica tanto autonómica como local y que es una ley integral, ya que contempla medidas transversales y medidas tanto en los ámbitos público como privado para la Administración, las empresas y las entidades del tercer sector.