El TSJCyL zanja el conflicto entre el interventor y el alcalde de Zamora
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado los decretos promulgados por el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, de IU, para delegar las funciones del interventor municipal en favor de la viceinterventora.
Esta sentencia revoca la fallada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora en diciembre de 2018 en la que se consideraba que Guarido había actuado conforme a lo establecido en la Ley.
El fallo del TSJ concluye que la sentencia del Juzgado de Zamora incurrió en "incongruencia", al no razonar la conformidad a derecho de los actos recurridos por el interventor municipal del Ayuntamiento de la capital.
Tras la sentencia en primera instancia, la defensa del alto funcionario decidió recurrir los decretos emitidos por el alcalde al considerar que la delegación de funciones "no ha sido motivada" y que el Contencioso-Administrativo "no da ninguna razón para entender que el proceso ha sido conforme a derecho".
Los magistrados del TSJ han estimado el recurso del interventor y han anulado varios decretos en los que se delegaba sus funciones en favor de la viceinterventora municipal. No obstante, también han indicado en la sentencia que "no se puede dejar sin efecto la sustitución del interventor por la viceinterventora, porque ni la demanda ni el recurso de apelación contienen argumentos para ello".
Por su parte, Francisco Guarido ha considerado que la sentencia del TSJ "clarifica" el reparto de funciones de los dos habilitados nacionales. "Se han anulado algunos decretos, pero otros no", ha precisado.
Además, ha recordado que en junio de 2019 todas las partes llegaron a un acuerdo para el reparto del trabajo en el servicio, de manera que el interventor se encargaría de estudios, programas y control financiero, mientras que en la viceinterventora recaería la parte de toda la fiscalización.
Este acuerdo ha sido trasladado ya al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora para su conocimiento, al considerar en el Ayuntamiento de Zamora que sirve como cumplimiento de la sentencia del TSJ.
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