La Junta garantiza un tiempo de respuesta inferior a 30 minutos en cualquier incendio de Zamora

Los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Castilla y León están integrados por los profesionales y medios materiales asignados a la prevención para evitar o disminuir el riesgo de incendios no forestales u otros accidentes, la extinción de dichos incendios, la protección ciudadana en cualquier situación de emergencia y el salvamento y rescate de personas y bienes en tales situaciones.

Estos servicios son de competencia municipal, conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (legislación básica del Estado), debiendo prestarse en cualquier caso por los municipios de más de 20.000 habitantes, mientras que en los de menor población pueden ser sustituidos por las Diputaciones Provinciales.

La Junta de Castilla y León, conforme a la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, debe regular estos servicios con respeto a la autonomía de las entidades locales, para garantizar que su prestación sea eficaz y homogénea en el conjunto del territorio de la Comunidad, en especial en cuanto a tiempos de respuesta, calidad e interoperabilidad.

Así pues, el Plan Sectorial hoy aprobado se aplica a los SPEIS de las entidades locales, de forma que los actos y disposiciones que adopten en el marco de sus competencias y en función de sus disponibilidades presupuestarias en relación a sus respectivos SPEIS, deberán adecuarse a los mínimos establecido en el Plan Sectorial.

El Plan hoy aprobado no afecta al servicio de extinción de incendios forestales, cuya regulación y prestación corresponde a la Junta de Castilla y León.

El contenido del Plan Sectorial es:

• Establecer la distribución mínima de los parques de bomberos en el territorio de Castilla y León, dentro de cada una de las áreas de intervención determinadas, para cubrir al total de la población en un tiempo de respuesta de referencia inferior a 30 minutos y garantizar una prestación homogénea
• Definir la tipología de los parques de bomberos en función de las características de cada área de intervención, señalando por ejemplo la presencialidad, los tiempos de salida del parque, los intervinientes que han de operar por turno y las dotaciones o equipamientos que se ha de exigir a cada parque. Se trata de criterios mínimos, que pueden ser mejorados por la administración titular del servicio.
• Posibilitar la integración de los parques existentes en el modelo propuesto.
• Establecer un sistema de respuesta integrado del conjunto de parques a nivel provincial, lo que permitirá una mayor eficiencia.
• Establecer los criterios de actuación para garantizar la coordinación y la respuesta homogénea a nivel regional, basados en los principios de celeridad y proporcionalidad en el uso de los medios; cooperación, coordinación, solidaridad y asistencia recíproca.
• Establecer la estructura, organización y funcionamiento de los servicios de prevención y extinción de incendios para su adecuación al sistema de protección ciudadana.

La tipología de parques se define en función de factores geográficos, demográficos, de vulnerabilidad, especificidad del riesgo y tiempo de respuesta, etc.:

• Parque Tipo 1: Son los parques ubicados en municipios de más de 20.000 habitantes que dan respuesta a sus áreas de intervención y se constituyen como parques de referencia para el conjunto de la provincia. Es el caso de Zamora capital. 
• Parque tipo 2: Son parques ubicados en municipios de menos de 20.000 habitantes, que atienden áreas de intervención cuyos riesgos son mayores a los de la media del resto de la provincia, o bien que teniendo riesgos similares a los de dicha media, deben ubicarse en el territorio de manera estratégica, para el apoyo adecuado a otros parques de la provincia. Es el caso de Benavente y Rionegro del Puente.
• Parque Tipo 3 a: Son parques ubicados en municipios de menos de 20.000 habitantes, que atienden áreas de intervención cuyos riesgos son inferiores a la media del resto de la provincia. Es el caso de Fuentesaúco, Bermillo de Sayago, San Vitero y Toro.
• Parque Tipo 3 b: Son parques ubicados en municipios de menos de 20.000 habitantes, que atienden áreas de intervención cuyos riesgos son poco significativos y no justifican la existencia de un parque de nivel superior. Es el caso de Tábara y Lubián. 

Sobre la ubicación de los parques, el Plan organiza demarcaciones geográficas, denominadas Áreas de Intervención, en número de 105, con el nombre del núcleo de población seleccionado para el emplazamiento del parque de bomberos. Se trata de demarcaciones de carácter funcional, a efectos de operatividad de los medios asignados a cada una de ellas.

En la preparación técnica del Plan han participado representantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias y de las centrales sindicales UGT, CCOO y CSIF. En la tramitación del Plan se ha dado audiencia a 28 entidades, concretamente a todas las diputaciones provinciales (participaron 6), a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, a la Delegación del Gobierno, a la Federación Regional de Municipios y Provincias y a los sindicatos UGT, CCOO, USO y CSIF.

El Plan ha sido conocido por el Consejo de Cooperación Local e informado favorablemente por la Dirección General de Presupuestos y Estadística, por la Asesoría Jurídica y por el Consejo Consultivo de Castilla y León.

En cuanto a la financiación del Plan Sectorial, corresponde a las entidades titulares de los servicios en sus respectivos ámbitos. Sin perjuicio de ello, la Junta de Castilla y León ha previsto una línea de apoyo específico a las Diputaciones Provinciales para el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del apoyo que deben prestar a los municipios con menos de 20.000 habitantes.

Dicha línea dotada de 10 millones de euros en cinco años se estrenará este mismo año 2021, con una dotación de 2.000.000 euros que se distribuirán entre las Diputaciones Provinciales con arreglo a los criterios en vigor utilizados por la Consejería competente en materia de administración local.

Además de lo anterior, la Junta de Castilla y León asume también responsabilidades en materia de formación, por un importe anual de 215.000 euros, incluidos en el presupuesto de la Agencia de Protección Civil.