El TSJ de Castilla y León avala la legalidad de las actuaciones urbanísticas municipales en el 'caso de la calle Zafra'

El Ayuntamiento de Benavente ha informado que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha fallado a favor del Ayuntamiento de Benavente desestimando el recurso de apelación presentado contra la administración municipal en el caso de la Calle Zafra e imponiendo las costas judiciales los propietarios recurrentes. La sentencia judicial reconoce que el Ayuntamiento de Benavente no incurrió en ningún delito de desviación de poder, ni infringió ni la Ley ni el Reglamento de Urbanismo, ni infringió ningún precepto normativo al acudir a asesores externos para redactar el proyecto de expropiación.

En este asunto, y a través de las resoluciones judiciales que se han dado como consecuencia de los distintos procedimientos judiciales penales y contencioso administrativos interpuestos por los propietarios de los terrenos litigiosos, se ha comprobado que ni el Alcalde, ni los técnicos municipales vulneraron la ley. Muy al contrario, la desestimación de las demandas interpuestas en vía contencioso administrativa, así como de la causa penal interpuesta contra el alcalde por un supuesto delito de prevaricación, demuestran que la actividad municipal cumplió escrupulosamente la ley y sirvió para defender el interés general, y de forma más concreta, el de los vecinos de las calle Catalanas y Zafra frente a una actuación que pretendía cortar una calle y privatizar su uso.

Una actuación municipal necesaria frente a unas actuaciones abusivas llevadas a cabo en el año 2018 y que pretendieron cortar y privatizar la calle Zafra, con los daños y perjuicios que eso originaba a los vecinos de las urbanizaciones colindantes, algo a lo que el Ayuntamiento de Benavente se opuso con todos los instrumentos jurídicos y legales a su alcance para evitar que el interés de unos pocos se impusiera al interés de todos los vecinos de la ciudad. La sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León avala que las actuaciones municipales llevadas a cabo por parte del alcalde como de los técnicos municipales, fueron conforme a la ley tal y como se ha ido demostrando a lo largo de los últimos tres años en todas las resoluciones y sentencias judiciales dictadas.

La Sentencia judicial recoge entre otros extremos las siguientes consideraciones literales dignas de destacar: 

1ª.- “...El derecho a la tramitación de los Planes quiebra en los casos en que el Plan proyectado viole de forma clara, palmaria y manifiesta el ordenamiento urbanístico vigente -así los planes de superior jerarquía o las normas legales de aplicación directa-, pues en tal caso razones de economía y de lógica imponen el inicial rechazo del proyecto al ser inviable o inútil la prosecución del trámite”. 

2ª.- “…puede concluirse que la división del ámbito en dos unidades de actuación, con escasa probabilidad de desarrollo de la segunda fase, supone tanto la existencia de parcelas inedificables como la imposibilidad de completar la urbanización de la trama urbana, lo que claramente pugna con lo establecido en el artículo 108.2.c) RUCyL, razones todas de legalidad que permiten entender bien denegada la aprobación inicial aquí enjuiciada y en definitiva, como se ha avanzado, desestimar la pretensión ejercitada en la demanda…”

El Equipo de Gobierno quiere manifestar "su máximo respeto y su satisfacción pública por la sentencia dictada por el TSJ porque una vez más las administraciones encargadas de impartir justicia, han dado la razón al Ayuntamiento de Benavente, demostrando el cumplimiento de la ley y la honorabilidad del alcalde y de los técnicos municipales".

Una vez más, las sentencias judiciales dictadas en los distintos órdenes jurídicos dejan públicamente en evidencia las graves acusaciones efectuadas por los concejales populares en la oposición, demostrando que todas las declaraciones efectuadas y la petición de dimisión del alcalde hechas en su día eran, únicamente, calumnias e injurias con el único fin de dañar la imagen pública de honradez y respeto a la ley en la actuación del propio Ayuntamiento de Benavente y de su máximo representante, el Alcalde. En aquel momento los concejales del PP de Benavente “asumieron como propia y dieron publicidad a las graves acusaciones hechas por los propietarios de los terrenos sin atender las explicaciones dadas ni por el alcalde ni por los técnicos municipales y apostando por la versión ilegal y perdedora. Por tal motivo, desde el Equipo de Gobierno consideramos que lo procedente en este caso sería que los concejales populares reconociesen públicamente su error y, si lo consideran oportuno, pidiesen disculpas por cuestionar de forma injustificada el buen trabajo, la profesionalidad y la honradez de los técnicos y los políticos al frente del Consistorio benaventano”.