Hablar de Montelarreina es hablar del estandarte de la lucha contra la despoblación en la provincia de Zamora. Su rehabilitación y puesta en funcionamiento es el objetivo de las principales instituciones públicas zamoranas e incluso ha terminado por involucrar a entidades privadas como Caja Rural de Zamora o Casa Andreu. La vuelta de los militares a Toro, desde su marcha hace ya 24 años, parece ser para todos ellos esa chispa que haría arrancar el retorno de la población a la sangrante Zamora y el icono de unos y otros en la lucha contra la España Vaciada. 

Pero la idea de reactivar Montelarreina no ha surgido de la nada y ha tenido más capítulos que una telenovela. Muchas páginas se escribieron antes de que Pedro Sánchez prometiera durante un entregado mitín en el Teatro Ramos Carrión de Zamora, allá por octubre de 2019, que el campamento militar volvería a la vida con dos batallones de infantería, una unidad de servicios de acuartelamiento con un Cecom y unas 3.900 personas entre militares y familias. Y es que todo comenzaba con un intento de venta de sus 1.600 hectáreas de terreno.

Un campamento militar con rostros muy conocidos que casi se vende por cinco millones

Montelarreina no fue un campamento militar cualquiera. El complejo comenzaba su andadura en 1944 como sede de las milicias universitarias durante la dictadura franquista. Aquí realizaban el servicio militar obligatorio los alumnos de las universidades de Salamanca, Valladolid, León, Santiago de Compostela, Oviedo, Pamplona y Bilbao durante sus vacaciones de verano. Según narra el libro Historia Militar de Zamora desde el siglo XVIII del coronel José Carracedo Primo, por el campamento toresano pasaron entre 1.000 y 4.000 alumnos en cada temporada estival hasta 1972. Durante esos años, cuenta el coronel en su publicación, que hicieron su formación militar personajes tan importantes como el primer presidente de la democracia española, Adolfo Suárez, el expresidente socialista Felipe González, el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Puyol; y el actual presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

A partir de esta fecha, la Academia General Militar del Ejército de Tierra convirtió Montelarreina en el campamento destinado a llevar a cabo la instrucción militar básica para los aspirantes a caballeros cadetes. Pero en los años 80, durante la profesionalización del Ejército de España, la actividad del campamento fue disminuyendo progresivamente, hasta que en 1997 se produjera su desmantelamiento como campamento militar. Pese a esto, su actividad no cesó del todo, ya que Montelarreina sería utilizado esporádicamente como campo de maniobras hasta 2008, cuando las instalaciones fueron cerradas y abandonadas a los designios de la maleza hasta el día de hoy. 

Pero llegó julio de 2017, y el Ministerio de Defensa hacía público un anuncio en la página web del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre la venta del campamento militar y del campo de tiro de Montelarreina, dentro de un paquete de bienes rústicos propiedad de dicho Ministerio por algo menos de cinco millones de euros. Una subasta que hacía saltar las alarmas en el Ayuntamiento de Toro, gobernado por el ahora expedientado por el PSOE, Tomás del Bien, que llevaba años intentando que Defensa cediera los terrenos al Consistorio y que estos continuaran siendo de titularidad pública por su valor ambiental. De hecho, en mandatos anteriores a Tomás del Bien, el Consistorio toresano ya había hecho varios intentos por transformar el antiguo campamento en espacios recreativos y de ocio, que sirvieran para dar una inyección de capital al municipio. 

Por aquel entonces, Tomás del Bien se unía a movimientos ecologistas de toda España en una férrea defensa del ecosistema que alberga Montelarreina, con más de 200 especies y una biodiversidad muy particular. El equipo de Gobierno zamorano pretendía mantener el bosque y crear un gran complejo de ocio en la zona urbanizada, donde ahora sobreviven los antiguos barracones. La idea de Tomás del Bien pasaba por crear un aula de naturaleza, un camping y otros activos de turismo natural. Una lucha por paralizar la venta a la que se unía buena parte de la sociedad zamorana y de sus instituciones, entre ellas, la Diputación Provincial, con la popular Mayte Martín Pozo a la cabeza por aquel entonces. Tan solo dos meses después, el Ministerio de Defensa daba marcha atrás y paralizaba la subasta de los terrenos prometiendo negociar con el Ayuntamiento de Toro y la Diputación de Zamora el futuro de Montelarreina de forma conjunta. 

Pedro Sánchez promete la vuelta de los militares a Montelarreina si gana las elecciones pero llega el COVID

23 de octubre de 2019. Probablemente la fecha más recordada por todos en los últimos tiempos sobre la recuperación de Montelarreina. Durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales, el entonces candidato a la Moncloa por el PSOE y presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez prometía durante un mitín en el Teatro Ramos Carrión de Zamora que, si ganaba las elecciones, la rehabilitación del campamento militar toresano "sería una realidad". 

Tras esta promesa electoral, el recién llegado Gobierno socialista consignaba 350.000 euros en los PGE 2020, que a golpe de enmiendas serían 700.000 y que sonaban a burla para los zamoranos. Tras esto, una pandemia sanitaria sin precedentes paralizaba la vida normal en todo el planeta. El coronavirus frenaba en seco la agenda política y de inversiones durante todo 2020 y todos los esfuerzos se focalizaban en dotar a la sociedad de protección sanitaria. Pero una vez pasado el trago y con España intentando alcanzar la conocida como nueva normalidad, la sociedad zamorana comenzaba a recordar esa promesa lanzada por el presidente del Gobierno en 2019. La plataforma para el desarrollo Zamora 10 (formada por agentes empresariales, sociales e institucionales de la provincia) comenzaban a reivindicar el inicio de esa recuperación del campamento militar, a los que poco después se sumarían instituciones como la Diputación de Zamora o partidos políticos como el PP. 

Escritos, mociones, preguntas desde el Senado, titulares de prensa... Así arrancaba una campaña de presión al Gobierno de España, que este respondía asegurando que no podía hacerse cargo de los 85 millones de euros que un primer estudio de viabilidad se tasaba la reapertura de Montelarreina. Por aquel entonces, el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, aseguraba que el resto de instituciones públicas debían formar parte de la recuperación del campamento militar. Y la primera en responder a la llamada fue Caja Rural de Zamora. 

El 'bote' para Montelarreina

En octubre de 2020, el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, anunciaba que la entidad bancaria se comprometía a poner el primer millón de euros para comenzar la rehabilitación del campamento toresano. Todo como llamada de atención al Gobierno de Sánchez, por esa irrisoria cuantía en los Presupuestos Generales y las declaraciones del subdelegado en Zamora. A este órdago de la Caja de los zamoranos se sumaría meses más tarde la Diputación Provincial. En el mes de junio de este mismo año, su presidente, Francisco Requejo, anunciaba que la institución estaba dispuesta a aportar cinco millones de euros para colaborar en el proyecto. Y solo diez días más tarde, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunciaba que el gobierno autonómico también destinaría 15 millones de euros al proyecto de Montelarreina. 

El 'bote' para rehabilitar el campamento militar ya alcanzaba los 21 millones de euros, a lo que también se sumaba una segunda oferta de Caja Rural de Zamora de financiar al completo los 85 millones del proyecto, a coste cero para el Ministerio de Defensa. Una propuesta que fue rechazada por la secretaria de Estado del ramo, Esperanza Casteleiro Llamazares, al argumentar que "nuestra Ley de Contratos no nos permite que nos hagan un préstamo, aunque sea a coste cero, porque no somos privados, somos una Administración. Legalmente no podemos hacer empleo de esos fondos". 

Ahora le tocaba hablar al Gobierno de España. Y habló en Ponferrada. El pasado 10 de octubre, Pedro Sánchez anunciaba en El Bierzo que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 tendrían una partida de 20 millones de euros para la rehabilitación del campamento de Montelarreina. Las reacciones no se hicieron esperar. Zamora 10, la Diputación Provincial y prácticamente todas formaciones políticas menos el PSOE tildaron de "insuficientes" los veinte millones anunciados por Sánchez, teniendo en cuenta los 85 necesarios solo para sacar adelante la rehabilitación. Porque también hay que contar con que el gasto que generarían anualmente los dos batallones destinados a Toro rozaría los 1,8 millones de euros anuales. Si bien, los impuestos que podría recaudar anualmente la provincia con la reactivación del campamento serían de 762.230 euros, según un estudio publicado en mayo de este año por la revista oficial del Ejército de Tierra. 

Veinte de un lado y veinte del otro, aún faltaría más de la mitad del presupuesto para acometer esa recuperación del campamento militar zamorano. Pero es que además, donde dije digo, digo Diego, ya que pese al ofrecimiento de Junta, Diputación y Caja Rural, los representantes socialistas en Castilla y León y Zamora aseguraban que la rehabilitación de Montelarreina se llevaría a cabo "exclusivamente" con los Presupuestos Generales del Estado y que es un proyecto "cien por cien del Gobierno de España". Unas afirmaciones que acababan de colmar de aún mayor incertidumbre el futuro de la reapertura del campamento militar. Todo en un momento donde Zamora ansía cualquier fórmula que pueda paliar el desesperado vaciamiento de su territorio.

Zamora podría aumentar su población en un 2,2%

La rehabilitación de Montelarreina haría que la población de la provincia de Zamora se incrementara aproximadamente en 3.900 personas, lo que representa un 2,2% del total. Así lo augura el coronel de Intendencia y diplomado de Estado Mayor Vicente Lunar Bravo, en un estudio de la revista oficial del Ejército de Tierra y que se apoya en un trabajo previo de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona con la participación de la Secretaría General de Política de Defensa en el año 2013. 

En él se indica que el impacto que tienen las actividades propias del Ministerio de Defensa supone que por cada 1.000 euros de gasto realizado por el Ejército se generan aproximadamente 1.435 euros de PIB y se contribuye a una recaudación impositiva de 426 euros por el cobro del IVA, IRPF e Impuesto de Sociedades. Además, el estudio concluye que por cada cien militares se generan 45 puestos de trabajo indirectos en el lugar donde se asientan. En total, Defensa calcula que de los exactamente 1.086 militares que se destinarían a Montelarreina se crearían 1.575 puestos de trabajo (directos e indirectos) y este supuesto permitiría fijar una población estimada de 3.937 personas.