Los militares denuncian que su traslado a Montelarreina es "parecido a una trata de personas"

Hace dos días, el Ejercito de Tierra daba la orden del inicio formal del proceso administrativo para el futuro traslado de unidades del Ejército de Tierra al antiguo campamento militar de Montelarreina en Toro (Zamora). En concreto, el Ejercito de Tierra procederá a declarar los terrenos del campamento zamorano como de interés para la defensa nacional, y se ha elevado la solicitud al Ministerio de Defensa para que las obras que deben materializar la futura base del Ejército en Toro sean declaradas de interés general para la defensa nacional. 

En dichos terrenos está previsto la ubicación de un Regimiento de Artillería y un Batallón de Zapadores junto con unidades de servicio de base, según informaba el propio Ministerio de Defensa, tras la visita de la ministra, Margarita Robles a Montelarreina la semana pasada. Allí, la titular del ramo escuchaba las explicaciones técnicas sobre las futuras instalaciones de tres generales del Ejército: Joaquín de la Torre, Luis Francisco Cepeda y César García del Castillo. Todo tras la consignación de 20 millones de euros en los presupuestos Generales del Estado para iniciar el proceso de rehabilitación del campamento y el consecuente traslado de efectivos a la zona.

Algo que no ha gustado a la Asociación Unificada de Militares Españoles, que acusa al propio Ejercito de Tierra de no haber informado a los militares de dicho traslado al campamento zamorano, así como tampoco a las asociaciones profesionales. Para la AUME esta actuación "es lo más parecido a la trata de personas, donde sin contar con su consentimiento o voluntariedad y sin información previa se obligará a militares y familias a un proceso de repoblación propio de otras épocas y sin nada que ver con la defensa nacional, principal cometido del militar". 

La asociación asegura que, la magnitud del proyecto "convulsiona" a miles de militares que, tras conocerse el tipo de unidades que serán trasladadas, mantienen "una gran incertidumbre", ya que aseguran que no han sido notificado el cambio a las unidades implicadas ni al resto de las Fuerzas Armadas. Los militares desconocen qué unidades y qué militares estarán afectados por el traslado, qué ocurrirá con sus familias: trabajos de los cónyuges, colegios de los hijos, espacio habitacional, situación de los convivientes con dependencia, etc.

AUME recalca que este proyecto que "nada tiene que ver con las necesidades operativas" de la defensa, y afean que se basa "en lo que los militares y sus familias pueden aportar a la economía local". Los militares aseguran que "no interesa" el trabajo que vayan a realizar los hombres y mujeres militares, "sino lo que su ámbito personal, relación social con el entorno y, por supuesto su aporte económico, darán a la zona".

Pero la organización advierte que la deslocalización de las familias "obligadas" a desplazarse provocará "el abandono de su estabilidad social perdiendo trabajos los cónyuges, cambiando a sus hijos de entorno social (cambio de colegios, guarderías, amistades), siendo obligados a un cambio de vida en aras del beneficio de otros". Por ello advierte que la vida personal y familiar de los hombres y mujeres militares, así como la de sus familias "no está a disposición del Estado".

AUME anuncia que va a llevar a cabo las acciones pertinentes "y que en derecho le correspondan para tratar esta situación con el máximo respeto a las personas, para que "no sean cosificadas, ni tratadas como objetos".