El pasado día 11 de diciembre, sábado, en la lectura del manifiesto de la Plataforma Pro-Biorrefinería por parte del exprocurador en Cortes de Castilla y León, Manuel Fuentes, se volvía a denunciar "un sabotaje perpetrado" por altos cargos de la Junta de Castilla y León a la Biorrefinería de Barcial del Barco Zamora.
Estos hechos denuncian, entre otros, presuntos delitos de atentado contra el orden socioeconómico y extorsión a inversores para que no invirtieran en este proyecto "con una supuesta amenaza de tener castigo en otras inversiones que estos inversores tienen en la Comunidad en caso de participar como accionistas o promotores de este desarrollo".
Por ello, desde la Plataforma consideran que la Fiscalía debería actuar de oficio, en base a "daños pluripersonales, daños a una región, a una Comunidad, sobre todo a dos provincias: Zamora y León, atentando contra el progreso, la generación de empleo o equiparación de renta".
Para la organización estas supuestas presiones se sumarían a otros presuntos delitos "continuados en el tiempo, como el cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, deslealtad en custodia de documentos, dejación de funciones, fraude contra la propiedad industrial, revelación de secretos, amenazas, que dejan claro, aplicando un mínimo de lógica o sana crítica, que durante los últimos 15 años este desarrollo ha sido perseguido y saboteado por una organización criminal político-económica". Además, consideran que las supuestas amenazas a los inversores del proyecto dejan patente que desde la Junta "se siguen manipulando" proyectos de renovables de solares y eólicas.
Por todo esto, desde este colectivo solicita la dimisión inmediata del presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco como máximo responsable del ejecutivo autonómico; así como del vicepresidente, Francisco Igea "por haber incumplido su promesa electoral de regeneración".