UPL exige a la Junta una bonificación del 25% para los usuarios de AVE y Alvia de Zamora

Este martes el pleno de las Cortes autonómicas ha abordado la falta de bonos a los trenes de alta velocidad en las provincias de Zamora y León, un hecho que ha sido reclamado por la procuradora de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, que recordaba en su intervención el acuerdo suscrito recientemente por la Junta de Castilla y León con Renfe, mediante la cual el gobierno autonómico reducirá un 25% el coste de los bonos Avant entre Valladolid y Madrid.

En este aspecto, la procuradora leonesista apuntaba que "de forma paralela, en los trayectos con Madrid desde las provincias de León y Zamora no se dispondrá de un descuento similar por parte de la Junta, dado que estos trayectos no están declarados de obligación de servicio público y, por ello, a los zamoranos y leoneses no se les permite disfrutar de las mismas ventajas que gozan en otras provincias".

Por ello, desde UPL han solicitado que los trenes Sanabria-Zamora-Madrid, León-Madrid (incluyendo los procedentes desde Ponferrada) y León-Gijón tengan plazas de servicio público sinergiado dentro de un AVE o Alvia para obtener el reconocimiento de servicio público.

Asimismo, los leonesistas han pedido que mientras no exista la citada declaración de servicio público sea la propia Junta quien apruebe una bonificación del 25% para los usuarios de dichos servicios en Zamora y León, de cara a "evitar la discriminación y perjuicio económico que ello produce entre provincias".

Y es que, según ha señalado Alicia Gallego, "la Junta debe velar por los intereses de todos sus ciudadanos, para que en León y Zamora puedan beneficiarse del descuento de los bonos de viajeros recurrentes que ya tienen otras provincias", así como "evitar la disparidad de precios que vienen sufriendo los servicios comerciales".

Atendiendo a estos hechos, la representante de UPL ha preguntado si la Junta ha mantenido reuniones con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para avanzar en que los servicios de AVE y/o Alvia Sanabria-Zamora-Madrid sean considerados servicio público, al considerar que "este problema y su solución exige medidas y acciones más importantes que el envío de una carta a la titular del Ministerio".

Por su parte, la consejera de Movilidad de la Junta, María González Corral, respondió a la procuradora leonesista que "cuente con nuestro apoyo", si bien reconoció que la Junta no se ha reunido aún con el Ministerio para tratar esta cuestión, señalando la consejera que "confío en que la ministra acceda a reunirse con la Junta".

Venta de billetes presencial en las comarcas

Por otro lado, desde Unión del Pueblo Leonés se ha recordado en el pleno la supresión hace unos días de la venta presencial de billetes de tren en ocho localidades de la Región Leonesa, caso de Puebla de Sanabria.

En este aspecto, la procuradora leonesista Alicia Gallego ha denunciado que cuando Renfe anunciaba que pasaba a incorporar de forma inmediata un servicio de atención personal remota en dichas estaciones "en realidad, más allá de maquillar el lenguaje, significa que en estas estaciones Renfe ha suprimido la venta de billetes presencial y solo se permite a los viajeros comprarlos a través de internet o de una máquina, sin atención personal."

Sobre este hecho, la representante de UPL denunciaba que "no es una situación nueva, pues ya la habíamos vivido en la Región Leonesa en otras estaciones como Ciudad Rodrigo, Toro o Bembibre", lamentando que "tras este nuevo hachazo a la prestación de servicios en nuestro medio rural, solamente quedan 4 estaciones de ferrocarril en la Región Leonesa en las que se pueden adquirir presencialmente los billetes de tren: Salamanca, León, Zamora y Ponferrada".

Por ello, desde Unión del Pueblo Leonés han pedido a la Junta "que se implique activamente para que se restituya la venta presencial de billetes en las estaciones de ferrocarril de las regiones de León y Castilla en que se han suprimido en los últimos años".

Y es que, los leonesistas han lamentado que "tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno de España guardan silencio, como si este hecho no implicase un empeoramiento de los servicios públicos en nuestras comarcas. Como si esto no agravase más el problema del vaciamiento de nuestros pueblos y comarcas."