La Coordinadora Rural de Zamora exige la dimisión de Mañueco y Quiñones por la gestión forestal

La Coordinadora Rural de Zamora ha cargado duramente contra la Junta de Castilla y León por la gestión de los incendios que están arrasando la provincia. Han exigido con contundencia la dimisión de los máximos responsables políticos tanto de la Consejería de Medio Ambiente como de la Junta de Castilla y León. "No pueden permanecer en puestos de responsabilidad quien ha creado las políticas que han hipotecado el futuro de nuestra provincia y que han resultado ser tan peligrosas para nuestro territorio", han remarcado.

En un comunicado remitido a este periódico han aseverado que la Junta "no valora, ni cuida, ni protege" el patrimonio natural. "Esta es la triste realidad que se ha venido fraguando durante décadas", han insistido.

En este sentido, han añadido que si a la Junta le importara "haría una apuesta por una gestión de protección forestal estable a lo largo del año y con recursos y medios suficientes para sus trabajadores".

Igualmente, han reiterado que el Ejecutivo Autonómico en caso de mostrar interés "sabría que garantizar la vida en los pueblos es uno de los mejores mecanismos para cuidar nuestro entorno natural". "Si lo tuvieran en cuenta no se les ocurriría quitar servicios públicos de nuestros municipios, limitando el acceso a la sanidad, el transporte o servicios culturales", han puntualizado.

Han lamentado que el fuego se han llevado "nuestro presente" y una parte "muy importante de nuestro futuro". Tras ello, han exigido a la Junta de Castilla y León que cree un mecanismo para que las ayudas lleguen a los afectados de manera "inmediata". "En el plazo de un mes se debería producir el adelanto de al menos del 50% de las primeras estimaciones de daños", han matizado.

También han abogado por "mejorar de forma inmediata" las condiciones de los bomberos forestales y el resto de personal de protección. En la misma línea, han solicitado una comisión de seguimientro de todas las acciones relacionadas con los incendios una vez finalizada la extinción de estos. En estas deben participar tanto las administraciones como los grupos sociales que representen a un amplio espectro y debe garantizar la transparencia en todas las acciones que se tomen.