La joven de 32 años que ayer fallecía en la rave ilegal organizada en el entorno del embalse de Almendra (Zamora) padecía una patología cardíaca previo. Así lo ha desvelado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, quien ha ofrecido más detalles de esta fiesta sin permisos que se ha celebrado durante todo el puente en el término municipal de Salce. 

Esta mujer de origen suizo quedó inconsciente ayer a las 15 horas, y fue atendida por los servicios sanitarios del Sacyl tras una llamada al 112, si bien, ya no pudieron hacer nada por su vida. Aunque aún no se conocen los motivos exactos que provocaron su muerte, Ángel Blanco sí ha adelantado que la joven tenía un problema de corazón previo al suceso. La mujer estuvo "en todo momento" acompañada por su pareja y varios amigos.

Ante las dudas de que la mujer hubiera podido salvar su vida si el festival ilegal hubiera contado con los permisos y dispositivos sanitarios pertinentes, Ángel Blanco ha indicado que la ambulancia del Sacyl que acudió a su auxilio llegó "en el menor tiempo posible". Además, defendió que este no había sido el único incidente sanitario de la rave ilegal. "Durante la fiesta un niño fue picado por una avispa, otro hombre sufrió un cólico, otra persona un problema muscular... Y en todos los casos fueron atendidos, porque estábamos en comunicación con la gente del festival", explicaba. 

Dos detenidos y más de 200 denuncias

Tras el fatal desenlace, la Guardia Civil mantiene un dispositivo que está controlando la marcha de los participantes del festival. "Están ya abandonando la zona y queremos que lo hagan con seguridad", indicaba el teniente coronel y jefe de la Comandancia de Zamora de la Guardia Civil, Héctor David Pulido. Patrullas, un helicóptero y varios drones vigilan, por tanto, a esta hora, la marcha de las 2.500 personas de Francia, Bélgica, Italia; y asistentes de otro festival que se había celebrado en Portugal, que acudieron a la rave ilegal organizada en el desaparecido pueblo de Argusino.

Una fiesta no permitida que, según ha manifestado el subdelegado del Gobierno en Zamora, "no quedará inpune". Pese a que no se produjo el desalojo, la Guardia Civil ha identificado a sus participantes, controlado la actividad en la zona y ahora investiga el origen de la fiesta y a sus posibles responsables.

Por el momento, la Benemérita ha detenido a dos personas por un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, y más de 200 personas han sido sancionadas por diversas causas: tenencia de armas blancas, posesión de drogas o desconsideraciones con los agentes, fundamentalmente. 

El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco; el comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Guillermo Vara, y por el teniente coronel y jefe de la Comandancia de Zamora de la Guardia Civil, Héctor David Pulido

Tras estas primeras denuncias, la Guardia Civil continuará su investigación para establecer las sanciones administrativas que sean pertinentes por la organización y asistencia a un evento ilegal de estas características.

La Guardia Civil desplegaba un dispositivo con 30 agentes siempre activos las 24 horas del día, llegados de casi todas las provincias de Castilla y León (a excepción de Burgos y Soria por distancia). Su primera labor fue "cortar el paso de vehículos" para evitar que la fiesta se volviera más masiva, lo cual generó "varios momentos de tensión" con los agentes. Con esta medida, los agentes querían evitar "un efecto llamada y que la gente dejara de acudir al recinto".

Pero los asistentes a los que se les cortó el paso comenzaron a aparcar en los caminos cercanos, bloqueando el paso a los ganaderos de la zona durante horas. Por ello, la Guardia Civil intervino para poner orden en el estacionamiento de vehículos y así "evitar confrontamientos". 

Según el teniente coronel Pulido, la Guardia Civil estuvo en contacto constante con los responsables del festival, sobre todo "por la gran preocupación que existía por el alto riesgo de incendios forestales". Algo de lo que los asistentes parecían estar muy concienciados, ya que, como ha desvelado, "tenían colocados carteles de prohibido hacer fuego por todas partes". 

Un desalojo "arriesgadísimo"

Sobre la posibilidad de haber desalojado el evento el mismo viernes que comenzaba el evento, Ángel Blanco ha reconocido que hubiera sido "arriesgadísmo". El subdelegado de Gobierno en Zamora ha explicado que se optó por tomar medidas acordes al "equilibro y la mesura".

Ante la masiva llegada de personas, el evento "excedía las dimensiones de la Guardia Civil de Zamora, entrar allí y desalojar era muy difícil", detallaba Blanco, quien además, recordaba que ya cuando se cortó el paso de vehículos "se vivieron varios momentos de tensión".

Ángel Blanco reconoce que este evento ilegal "nos pilló por sorpresa" y que nada tiene que ver con la rave ilegal que ya ocurrió también en la provincia, concretamente en Vime de Sanabria, en plena pandemia y con 200 asistentes. En este caso de Argusino, el subdelegado del Gobierno en Zamora asegura que "se trataba de un evento con una organización y logística trabajada". 

De hecho, las investigaciones apuntan a que fue coordinada a través de un grupo de Telegram restringido, cuyos organizadores "entendemos que son extranjeros, pero tenemos que seguir indagando", explicaba el jefe de la Comandancia de Zamora de la Guardia Civil. Héctor David Pulido no ha querido adelantar si estos organizadores guardan relación con otras raves ilegales que igualmente se han sucedido en otros puntos de España, también en zonas despobladas. 

En la misma línea, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ofrecía también explicaciones sobre lo ocurrido destacando la labor de la Guardia Civil "evitando el acceso de un importantísimo número de vehículos" a la zona. Sobre el desalojo, Barcones también defendía la dificultad de tomar esa medida, ya que "en dos horas se presentaron más de 2.000 personas en un mismo espacio". Asistentes llegados de varios puntos de Europa, "los cuales había hecho muchos kilómetros para llegar y no iban a quere desalojar fácilmente". 

La delegada del Gobierno en la Comunidad expresó "la dificultad" que tendrá la identificación de los responsables de esta rave ilegal, que "precisamente buscan convocarse a través de medios que no sean de fácil acceso para el público general".